LUCHA POR EL PODER

Año electoral: Carlos Guevara Mann

VIC. VIC.
VIC.

Concluye en América Latina un año electoral. En siete de los 18 regímenes presidencialistas de la región hubo elecciones para jefe del Ejecutivo.

En cinco de esas siete repúblicas se reeligió al oficialismo: El Salvador, Colombia, Bolivia, Brasil y Uruguay. El Salvador y Uruguay prohíben la reelección inmediata del Presidente, pero en Colombia, Bolivia y Brasil –donde no está vedada– el mandatario logró su reelección.

En Costa Rica y Panamá ganó la oposición. La campaña electoral fue bastante civilizada en Costa Rica, a diferencia de Panamá. La pugna por conquistar la jefatura del Estado panameño fue prolongada, tediosa, corrupta e inmoral. El oficialismo despilfarró millones del erario y otras fuentes no declaradas para promover a su candidato presidencial (lo mismo que a sus aspirantes a otros cargos de elección).

En ese aspecto no distó de ejercicios anteriores en Panamá o en los otros países latinoamericanos que celebraron comicios presidenciales, excepto Costa Rica y Uruguay. Las cantidades erogadas, eso sí, fueron exageradamente altas, sin precedentes en la república istmeña.

Lentamente se van conociendo los detalles del escándalo, gracias a la prensa independiente. Como de costumbre, es muy poco lo que las autoridades judiciales hacen para investigar y sancionar los atropellos.

A pesar de las maquinaciones del oficialismo, el electorado votó por el candidato opositor que mayores esperanzas de rectificación le suscitaba en ese momento (Juan Carlos Varela). Así lo ha hecho en cada una de las cinco elecciones presidenciales celebradas desde el tránsito a la democracia (1994, 1999, 2004, 2009, 2014).

Panamá y Guatemala son los únicos países de la región en que el oficialismo no ha logrado una reelección consecutiva durante el período democrático. En Panamá, el gobierno siempre ha intentado, con mayor o menor ahínco, retener el poder. Hasta ahora no ha tenido éxito, ni siquiera cuando en 1998 el presidente Pérez Balladares puso todos los recursos del Estado al servicio de un cambio constitucional para permitir su propia reelección (prohibida por la carta fundamental).

Quiso copiar a los presidentes Fujimori (Perú), Ménem (Argentina) y Cardoso (Brasil), quienes en la década de 1990 cambiaron sus respectivas constituciones para reelegirse. Pero el electorado, al cual Pérez Balladares se vio obligado a someter su propuesta de reelección presidencial inmediata, rechazó sus pretensiones con contundencia.

Desde entonces, al menos dos de sus sucesores (Martín Torrijos y Ricardo Martinelli) acariciaron la idea de imponer cambios constitucionales para reelegirse inmediatamente, pero no se atrevieron a concretar sus ambiciones, quizás temerosos de sufrir una derrota tan vergonzosa como la de Pérez Balladares.

¿Por qué votan los panameños para expulsar de la rama ejecutiva al oficialismo? Para ensayar una respuesta hay que considerar aspectos idiosincráticos y procedimentales.

La sociedad panameña no es deferente (más bien es irreverente). En el siglo XIX, el prócer Mariano Arosemena caracterizó a Panamá como un pueblo de “criticones”.

“No hay hombre público por arreglada que sea su conducta como tal –escribió en 1847– que no sea blanco de la crítica y mucho más en este país donde son pocos los que saben apreciar y agradecer lo que se hace en beneficio de la comunidad”.

En la actualidad, una prensa bastante fiscalizadora mantiene al público al tanto de los desmanes de los gobernantes. Sus reportajes producen indignación, la cual aumenta ante la inacción de un sistema de controles constitucionales y judiciales totalmente disfuncional.

En vista de que los gobiernos tienden al abuso, sobre todo ante la ausencia de controles, un período presidencial largo –cinco años– le da al oficialismo más tiempo para cometer atropellos y, a la ciudadanía, más tiempo para enfadarse que un ciclo de cuatro años (como lo fue hasta el golpe militar de 1968). Como resultado, el electorado expresa su descontento en las urnas, votando en contra del gobierno que abusó de su confianza durante un quinquenio.

Es importante observar que esta lógica opera en las elecciones presidenciales. Otros criterios –principalmente el clientelismo– imperan en las elecciones de diputados, alcaldes y representantes.

En un contexto de enorme corrupción, que caracteriza tanto a Panamá como a América Latina, es buena la práctica de echar al gobierno al término de su mandato. Otras sociedades de la región podrían darle un vistazo a Panamá y ponderar cómo, al menos una vez cada cinco años, la ciudadanía le pasa la cuenta al gobierno, lo cual es bueno para la democracia.

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