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Apoyemos al Canal de Panamá: Carlos Valencia

El Grupo Unidos por el Canal fue escogido para construir las esclusas del proyecto de expansión de la vía interoceánica porque presentó una propuesta técnica muy aceptable y el precio más bajo para su construcción. Igualmente se investigó su solidez financiera, logrando determinarse que esta era adecuada. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), su administrador y su junta directiva prácticamente estuvieron obligados a aceptar esta propuesta porque representaba lo mejor para los intereses del país.

Tiempo después de la firma del contrato, Sacyr, la empresa española que forma parte del grupo, quedó fuertemente afectada por los problemas económico-financieros que impactaron a España. En especial, los negocios inmobiliarios de Vallehermoso (adquirida por Sacyr) tuvieron efectos muy detrimentales sobre este conglomerado dada la situación inmobiliaria de España.

Los términos del contrato fueron cuidadosamente elaborados por expertos técnicos y legales con considerable costo para el Canal, de forma de lograr que se asegurara una operación que pudiera ser fiscalizada adecuadamente y para que se pudieran resolver acertadamente los naturales conflictos que surgen en una obra de esta magnitud.

El contrato especifica que los reclamos de costos adicionales primeramente deben ser presentados a los estamentos técnicos del Canal de Panamá, que después de evaluarlos podrá aceptarlos o si considera que no están bien sustentados, el contratista podrá acudir posteriormente a un “Dispute Adjudication Board” (Junta de Resolución de Conflictos) según los términos del contrato, en que básicamente el Canal nombra un representante, el contratista nombra otro, y entre ambos designados se escoge un tercero. Este es un grupo formado por técnicos y asesorados por abogados. Si una de las partes no está satisfecha con los resultados de esta instancia, puede entonces ir a un arbitraje que, según entiendo, se llevaría a cabo en Miami, Florida, bajo las leyes norteamericanas y en un entorno más legal que técnico.

La Junta de Resolución de Conflictos se ha reunido varias veces y ha dilucidado varias controversias de menor cuantía. Entiendo que en algunos casos de mayor cuantía (una de ellas una demanda por $120 millones y otra de $40 millones por las inundaciones del evento denominado la “Purísima”) el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) no pudo salir bien librado, ya que sus demandas fueron rechazadas o aceptadas solo en cuantías muy reducidas. Entiendo también que la más insistente en estas demandas es Impregilo, empresa italiana que forma parte del grupo.

Ante la imposibilidad de lograr sus demandas de montos gigantescos y claramente injustificados, GUPC ha amenazado por paralizar la obra si en un término de 21 días no se aceptan sus demandas. La ACP cuenta con fianzas por $300 millones de Zurich América, afianzadora de prestigio y además el respaldo de un grupo de bancos en cartas de créditos por $300 millones en caso de que GUPC no cumpla sus obligaciones.

En caso de abandono de las obras la ACP estaría en capacidad de continuarlas, ya sea buscando otro gran contratista o contratando directamente a los varios subcontratistas que trabajan actualmente para GUPC. Pareciera que habría un retraso en las obras, porque obviamente tomaría algún tiempo hacer la transición lo cual debe ser totalmente aceptable. Lo que es claro es que la ACP cuenta con personal altamente idóneo para dirigir exitosamente la culminación de la construcción del juego de esclusas y cuenta también con los recursos financieros para llevarla a cabo.

Quisiera seguidamente presentar varias consideraciones relación a lo planteado:

En primer lugar que la solución de las controversias debe hacerse dentro de los términos del contrato pactado. No se deben aceptar presiones foráneas para negociar fuera del contrato como pretenden los contratistas.

En segundo lugar, corresponde al Canal de Panamá, por ley y por título constitucional, realizar todas las instancias de dilucidación del conflicto y además porque está plenamente capacitado para hacerlo.

Por último, que todos los gremios de educadores, médicos, empresarios, sindicalistas, clubes cívicos, partidos políticos y demás agrupaciones del país deben manifestarse contundentemente y a través de comunicados de prensa en apoyo a la ACP, su administrador, sus estamentos técnicos y su directiva. Ese oasis de profesionalismo, idoneidad y honestidad merece el apoyo de todos los panameños. El Canal no es solo nuestro activo económico más importante; el hecho de que su administración panameña lo ha hecho muy bien y ha llevado a cabo su expansión en forma competente es piedra angular de la nueva confianza y orgullo del panameño en su propia capacidad. Ahora que celebramos la gesta heroica del 9 de enero debemos respaldar a la gente del Canal como un gesto de soberanía para no dejar que seamos abusados a estas alturas, por consorcios o gobiernos extranjeros.

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