EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

Atascos en la educación inclusiva: Etty Marisol García de Cieza

En algunos países de América del Sur, más del 75% de la personas con discapacidad son excluidas del sistema educativo regular, igualmente, en Centroamérica. En Colombia, por ejemplo, se han interpuesto demandas sobre acción de tutela, cuando se vulneran los derechos de la persona a la educación e igualdad.

Entonces, me pregunto si en Panamá la Ley 42, sobre equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, será rechazada, a sabiendas de que no ha habido una capacitación, sobre todo, para las partes importantes que están dentro del proceso de calidad educativa.

Según nuestras investigaciones, se sabe que la Ley 42 en nuestro país carece de un tratamiento más cuidadoso y continuo, ya que el estamento educativo (padres, madres de familia, discentes, administrativos, autoridades y docentes) son propensos a enfrentar situaciones jurídicas por desconocimiento pleno de esa ley, y porque no se le ha dado la debida relevancia, como medida de inclusión al sistema educativo regular.

Ahora bien, los garantes de que se impulse un nuevo estudio de la ley deben asegurar su cumplimiento, toda vez que, según nuestra Carta Magna establece: “Todos somos iguales ante la ley”.

Según los estudios hechos, no se ha capacitado al personal que se requiere para atender a las personas con discapacidad. Por eso pregunto, si en Panamá, ¿hay profesionales de la materia atendiendo a las personas con discapacidad en el sistema educativo regular? Pues, quitémonos la venda de los ojos, un solo especialista en inclusión no puede atender a más de 25 discentes con discapacidades diferentes, cuando conoce lo que significa la diversidad y diferencias individuales.

En base a lo anterior, habrá quienes rechacen esta medida y otros la acogerán, haciendo el menor esfuerzo. Sin embargo, ¿Qué buscaríamos con esto? ¿Un alumno con discapacidad, que desee ingresar a la universidad, pero que no cuenta con los esenciales mínimos para estudiar una carrera universitaria, en la que cree puede alcanzar los objetivos? ¿Y qué sucede si ocurre lo contrario?

Esta y otras interrogantes son las que nos llevan a meditar sobre la importancia que tiene esta ley para la sociedad panameña. Nadie pidió nacer con una discapacidad, solo Dios sabrá el porqué de ello, pero está en manos de los que impulsaron y velaron la aprobación de la Ley 42, aunar esfuerzos y evitar que se dé una situación jurídica en perjuicio de inocentes. Por otra parte, hay que recordar que no solo se trata de dictar conferencias, foros u otras dinámicas grupales para evadir el problema, en vez de atender a las partes involucradas. No deja de ser relevante el hecho de instruir sobre el tema de la inclusión y presentarse ante las cámaras, no obstante, en algunos casos se observa un facilitador sin la debida instrucción de quienes ayudaron a hacer realidad la Ley 42 de 1999.

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