INTERÉS PÚBLICO

Avalúo e indemnización de un predio agrario: Mery Ceballos

La legislación ya dio sus primeros pasos para crear conciencia en cuanto a la importancia de la seguridad alimenticia y del aprovechamiento sostenible del suelo. El nuevo Código Agrario, vigente en nuestro país a partir del 1 de diciembre de 2011, define claramente, en su artículo 11, la actividad agraria como “aquella que se realiza en desarrollo del ciclo biológico, vegetal o animal ligado directa o indirectamente con el aprovechamiento de los recursos naturales y que se resuelve en la producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios”.

Desde esta perspectiva debemos tener en cuenta que cuando estamos ante un predio agrario, como es el caso de todos aquellos que se utilizan para el desarrollo de una actividad agrícola o pecuaria, no podemos hablar de indemnizarlos sin valorar en su justa medida todo lo que su propietario dejará de percibir al no poder seguir utilizándolo para el desarrollo de dicha labor.

En los casos específicos de que tierras con tales características sean requeridas por el Estado o por alguna empresa que haya sido favorecida con una concesión, es necesario y justo hacer un avalúo que, además de establecer el valor catastral o comercial, valore la actividad agraria que se practica en ese predio, incluso, prolongarla –en nuestra opinión– en el tiempo, pues la intervención en un ciclo biológico, sea agrícola o pecuario, toma tiempo y requerirá que el productor o empresario agrario desarrolle todo un proceso para restaurar esa actividad, antes de percibir los primeros resultados en otro predio similar.

De la misma manera, hay que tener claro que encontrar una tierra similar y convenientemente ubicada es un factor que debe ser tomado en cuenta, pues esto genera gastos adicionales que, posiblemente, antes no tenía el productor o empresario agrario.

No importa si se trata de una pequeña o gran extensión de terreno y si la labor es básica, de subsistencia o de grandes producciones, lo importante es tener claro que sea una actividad agraria y que, al momento de ser requerida la tierra, esa actividad no se podrá seguir desarrollando.

No se puede hablar de una indemnización justa si estos aspectos no son contemplados al momento de establecer los valores que se reconocerán a los propietarios como indemnización. Este concepto toma una gran vigencia ante situaciones como el Proyecto de Riego del Valle de Tonosí, o frente a las concesiones que otorga el Estado para garantizar el abastecimiento sostenible de energía.

No se cuestiona la potestad estatal cuando sea necesario –tras cumplir con los parámetros legales– otorgar concesiones, desarrollar leyes especiales que establezcan los mecanismos de negociación para la adquisición de las tierras requeridas para el desarrollo de proyectos e, incluso, llevar adelante procesos de expropiación. Sin embargo, es necesario que, de igual manera, en todas estas situaciones se contemplen los conceptos esbozados sobre la justa valoración de los predios agrarios, al momento de hacer los avalúos y establecer los montos de indemnización, y procurar que las normas al respecto incorporen estos conceptos.

Actualmente existe un gran vacío, los diferentes decretos y leyes especiales sobre la materia se limitan a señalar que se debe pagar una indemnización, sin establecer un mecanismo detallado de cómo fijar la suma, ni los parámetros que deben ser considerados en los respectivos avalúos. La negativa de dar un justo valor a los predios agrarios, cuando se hacen los acercamientos con los propietarios, provoca situaciones como las que se están presentando en estos momentos con el Proyecto de Riego del Valle de Tonosí, porque los propietarios de los predios se oponen totalmente al proyecto.

De más está decir que los predios agrarios cumplen una función social, económica y ambiental, situación que debe ser una limitante para procesos de expropiación agraria.

En el evento de que dicha acción expropiativa rebase el interés productivo del predio agrario, el Estado deberá probar prima facie que existe un interés público urgente que debe ser ejecutado por el Estado, pues así lo requiere la sociedad en su conjunto. Dicha valoración deberá ser objeto de la jurisdicción agraria que al final establecerá las indemnizaciones correspondientes, en virtud de un avalúo que se ajuste al predio agrario.

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