ENTENDIMIENTO

Barro Blanco, el gran problema y la gran oportunidad: I. Roberto Eisenmann, Jr.

Hay que entender a los indígenas en esta lucha: si sus abuelos (para no ir más atrás), sus padres y ahora ellos y sus familias han sido aislados e ignorados en su miseria; si han recibido promesas mayormente incumplidas, gobierno tras gobierno, y cuando logran una “victoria”, como la ley de la comarca, esta queda en letra muerta, y si ahora inventan unas vainas que llaman “hidroeléctricas” que piensan que dañarán sus ríos –que son las venas sanguíneas de sus tierras–, ¿cómo van a ser sumisos, luego de 16 años de estar luchando contra Barro Blanco y poniendo muertos… para que hoy les digan que ya está en un 95% terminada y no se puede parar?

¿Cómo pretenden que con esta historia de atropellos les hablen de una cosa que llaman “seguridad jurídica”, etcétera?

Los que somos panameños (yo de quinta generación), pero no originarios, tenemos que hacer un gran esfuerzo para entenderlos, para así ser creativos buscando soluciones.

¿Cuáles son las fuerzas involucradas en el problema, y cómo las veo yo?

El pueblo originario: en el que todos tienen el mismo objetivo, pero hay distintos grupos con estrategias distintas. Entre los grupos están la autoridad tradicional, compuesta por la cacica general, los caciques regionales, los caciques locales y el Congreso, todos electos por su pueblo; el Movimiento Mama Tadta; la familia Miranda, y las autoridades formales: alcaldes, gobernadores, representantes, diputados (mayormente PRD –partido de oposición cuyos diputados han formado una nueva mayoría con acuerdo legislativo de gobernabilidad con el gobierno).

La empresa Genisa: de capital hondureño, con actitudes prepotentes del siglo pasado y con accionistas importantes presos en Honduras, tras ser acusados de un desfalco de $200 millones a la entidad de seguridad social. Además, es un secreto a voces que el capo ladrón que huye tiene su participación y, por eso, es que la actitud durante sus cinco años de gobierno fue “¡Va… porque va!”. Los permisos originales de Genisa eran para una presa de una altura cuyo espejo de agua no entraba en la comarca, pero la aumentaron sin los permisos para la variación, lo que llevó a que el espejo de agua se metiera en la comarca.

¿Dónde quedó la “seguridad jurídica” de los indígenas?

El Gobierno: el presidente Juan Carlos Varela hereda el problema y encomienda a su vicepresidenta y canciller establecer una mesa de diálogo para buscar soluciones. Como Presidente, ha manejado a las fuerzas del orden con extrema prudencia, ha manifestado simpatías por los pueblos originarios, y adoptó un plan de desarrollo de muchos millones para la comarca, que promete iniciar con vigor y alta visibilidad.

El asunto está más o menos así: ya voceros del Gobierno han dicho que los muros de Barro Blanco no se van a tumbar… y esto quedó claro.

Queda entonces lograr una solución creativa que atienda las objeciones y las necesidades del colectivo de la comarca con la aprobación de la mayoría (siempre habrá algunas tendencias insatisfechas; así es la democracia).

Desde el punto de vista de este panameño, pienso que es correcta la continua convocatoria que ha hecho el Gobierno –con la asistencia del propio presidente Varela– a todas las facciones de la comarca y a todas sus autoridades tradicionales y formales. Considero que el Gobierno debe plantear con claridad los siguientes puntos:

1. Barro Blanco: como lo planteó el Presidente, por razones de seguridad, se debe terminar la construcción, pero no iniciará operaciones sino hasta lograr un acuerdo con las autoridades comarcales tradicionales.

2. Ante esta situación, seguro que la empresa Genisa no podrá seguir con el proyecto, por sus violaciones a la concesión, por la comprobada mala reputación de sus importantes accionistas, y por la hostilidad hacia ellos de parte de la comunidad en donde está ubicada la empresa.

3. A los bancos alemanes y holandeses que financian el proyecto (que no hicieron bien la tarea de “conocer a su cliente”) y que conocen las violaciones que Genisa hizo a la concesión, les diría que no tienen por qué preocuparse; el Gobierno panameño les encontrará una mejor solución a sus riesgosos créditos.

4. Anunciaría que el Gobierno comprará la operación y asumirá sus créditos bancarios (o cancelaría la concesión, como recomienda el Dr. Pedreschi, o nacionalizaría la empresa como lo sugirió la Cámara de Comercio de Chiriquí), y aseguraría que el colectivo de la comarca tenga la propiedad del 25% de la concesión, con 25% de los miembros de la junta directiva y una participación de la facturación mensual que permita el desarrollo efectivo de la ley comarcal, sin depender de la voluntad de los gobiernos. Así, un grave problema se habrá convertido en una gran oportunidad aprovechada por las autoridades tradicionales para cambiar la historia de sus pueblos originarios.

5. Nombraría una comisión de cinco juristas con credibilidad, para resolver los temas jurídicos, y para ejecutar los puntos 1 al 4, con un calendario definido de 90 días.

6. Que la cacica, junto a tres comisionados nombrados por ella, viaje de inmediato al Canadá, acompañados por dos miembros de la Comisión Jurídica para experimentar en las comarcas canadienses sus comprobadas fórmulas de propiedad indígena.

7. Con todo este plan se iniciaría un proceso histórico de negocios, con participación indígena, y los pueblos originarios convertirían su lucha en un logro histórico. Como contrapartida, las autoridades comarcales harían respetar siempre el derecho de libre tránsito en la carretera Interamericana (importante vía de comunicación terrestre internacional). Espero que estas ideas de un ciudadano sin agenda, que sí quiere entender y quiere que se entiendan las partes, por el bien de la Nación, sirvan de algo.

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