DISPUTA

Bernal y la universidad: Jaime Correa Morales

Los panameños le achacamos todo lo indeseable solo a los políticos, obviando que estos son un reflejo de la descomposición cultural de nuestros nacionales. Y conste que no trato de defenderlos, porque no soy político y ningún familiar cercano mío lo es.

Durante el pasado gobierno, la cantaleta en los medios y de la “sociedad civil” era las fallas en la institucionalidad, y suponía yo que al cambiar el gobierno todo marcharía de maravilla. Pero el caso de la disputa entre Miguel Antonio Bernal y la Universidad de Panamá (UP) comprueba que estamos muy lejos de tal institucionalidad, y que esta ha sido dejada completamente de lado.

Preocupa observar que los organismos administrativos de la UP, cumpliendo sus funciones legales, hace 11 años decidieron sancionar a Bernal con una suspensión de cinco años, mediante votación casi unánime (si bien recuerdo fueron 23 votos favorables y dos abstenciones, ninguno en contra), que hasta ahora fue ratificada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No obstante, muchas personas y medios de comunicación han desatado una intensa campaña en contra de la UP, instando a Bernal a ignorar esa sanción. Inclusive, algunos, violando la ley, le acompañaron a ingresar al campus. Más grave aún fue que entre los acompañantes había dirigentes del Colegio Nacional de Abogados, que deben ser garantes del debido proceso. ¿En tales manos está nuestra justicia?

No siento simpatía ni antipatía por Bernal ni por García de Paredes. No los conozco en persona, pero me preocupa la institucionalidad. No puede ser que el Consejo General Universitario y la CSJ sean ignorados y despreciados, solo por simpatías con un individuo o por una percepción pública inducida por los medios, pues entraríamos a terrenos anárquicos que solo a un grupo específico y reducido le conviene. Se alega que el rector abusa de la reelección. Pero si la ley lo permite, entonces lo hará. Desde hace muchos años se critican esas reelecciones, pero nadie –ni siquiera el profesor Bernal– ha intentado promover una ley que las regule. La responsabilidad, entonces, corresponde a aquellos que a sabiendas –por política o lo que sea–, han preferido adentrarse en la ilegalidad e imponerse por las vías de hecho.

También se aduce que Bernal es un excelente profesor y debo asumir que es así, pero tampoco es el único buen profesor de su rama que hay en Panamá. Si él enseña derecho, lo menos que debe conocer y aceptar son los procedimientos legales y saber que las anomalías en cualquier institución deben ser denunciadas ante las autoridades judiciales, no ante los medios, y mucho menos tomar la ley por sus manos. Pero él prefiere pulsear y formar un berrinche para hacerse notar políticamente, sin importarle que ello afecte la unidad, la institucionalidad y la convivencia pacífica. No dudo que haya interés en alterar la paz social, con oscuros propósitos políticos.

¿Caben más recursos legales? Es obvio que no, pues la máxima autoridad de justicia ya falló y dio su aval, decisión que estamos obligados a respetar y cumplir, nos guste la Corte o no.

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