Brunch dominical

Por Mónica Palmmpalm@prensa.com

Quien en todo este cuento parece estar más desaparecido que Stephen Jones es Fito Duque. Al haberse revelado su famoso contrato con la Lotería Nacional de Beneficencia y el archivo del presunto áudito por parte de la Contraloría (tras el supuesto voto a favor de la ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista), Fito -en una costumbre un poco inusual en él- ha guardado un sospechoso silencio.

No obstante, aquí hay que analizar varias cosas. Primero, ¿hizo o no hizo la Contraloría el mentado áudito a Impresora Técnica Especializada, S.A.? Si existen irregularidades que no se han investigado, ¿está la Contraloría incumpliendo gravemente sus deberes constitucionales? Pero en caso tal de que lo haya hecho, ¿practicó una auditoría también en la Lotería o únicamente en la empresa de marras? ¿Será cierto que existía el informe? Porque en caso de que el resultado de las supuestas pesquisas evidenciara irregularidades por parte del contratista -Fito- entonces lo que debió hacer el contralor es tomar las medidas legales apropiadas y no encarpetar el asunto. Recuérdese que si es verdad lo que dice Chito, estamos hablando de una sobrefacturación de hasta 7 millones de dólares en perjuicio del Estado, bolsillo que mantenemos todos los que tributamos.

A la fecha, de los 71 legisladores que tiene nuestro país, solo tres de ellos -Rubén, Teresita y Nito- se han despojado voluntariamente de su inmunidad parlamentaria, y tres más -Balbina, Bush y Héctor Alemán- pusieron a "disposición" del Ministerio Público el levantamiento de su inmunidad. Creemos que está bueno ya que los parlamentarios huyan de la gran responsabilidad que estos momentos exigen. Es inadmisible encontrar a estas alturas opiniones guabinosas como la esgrimida por Blandón, que sostiene que no todos los legisladores deben despojarse del cuestionado fuero, porque hasta ahora las investigaciones solo han señalado con el dedo acusador a los 34 diputados del PRD. Todavía no hemos escuchado un solo argumento sensato y acorde con la gravedad de las circunstancias, que sustente semejante postura. Pero sus razones tendrán aquellos que la defienden. Lo cierto es que el que no la debe, no la teme, y que nada podría ser más justo que una investigación que tenga acceso a todos los legisladores por igual. Solo así al final del camino quedará satisfecha la expectativa del panameño común que paga los exorbitantes salarios de la planilla legislativa, y que cada cinco años se deja timar con promesas electorales que luego se traducen en espectáculos tan tristes como los que ahora presenciamos en primera fila.

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