EDUCACIÓN

Buenas intenciones, ley deficiente: Juan Planells

Con el apoyo de todos los panameños y panameñas, hemos emprendido un proceso de mejoras al sistema educativo que nos permitirá enfrentar los retos de un mundo en donde el conocimiento se convierte en pieza clave para garantizar un futuro mejor.

Los resultados comienzan a verse con el aumento de la cantidad de estudiantes que logran pasar las pruebas de ingreso en las universidades, con los avances de los índices de competitividad en educación superior y con la incorporación de más sectores que se unen al trabajo que se realiza en la escuela.

Dentro de las medidas tomadas que nos acercan al logro de una mejor educación, se ha decidido poner en práctica una vieja ley que pretende certificar la calidad en el sistema de educación superior. Vale la pena destacar la voluntad por entrar a resolver el problema dentro del círculo universidad-escuela, sin consideraciones sobre dónde comienza la responsabilidad por la formación de profesionales, con valores y competencias, para actuar como ciudadanos en la sociedad de hoy, en la formación que imparten los docentes o en la formación que estos reciben.

Lamentablemente, la ley, que por cuatro años nunca fue reglamentada ni implementada hasta ahora, tiene graves deficiencias de origen, que están empantanando un proceso necesario y con nobles propósitos. Señalo algunas de esas debilidades.

En primer lugar, parece un contrasentido que pretendiendo lograr una educación universitaria pertinente, en lo que se refiere a preparar el profesional que el sector productivo requiere, la decisión de certificación quede en manos del sector público, sin una adecuada representación del sector empresarial.

La integración del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) va en contraposición a los avances por lograr el tripartismo efectivo de la fórmula universidad-empresa-Estado como articulación exitosa para mejorar la educación superior.

En segundo lugar, la ley no considera en toda su importancia la formación superior en instituciones diferentes de las universidades, como los institutos técnicos de educación superior, los colegios o las academias, insistiendo en que la única vía para el desarrollo personal y social se encuentra en el camino hacia la obtención de un título universitario. Con esta visión estamos reforzando una distorsión en cuanto a los objetivos nacionales de la formación de los panameños que desconoce la vocación personal, cierra el camino de superación a muchos panameños y hace perder a la sociedad un importante activo de valioso recurso humano.

En tercer lugar, la certificación debe verse como un proceso mediante el cual se fijan las metas, se señalan las deficiencias y se incentiva su solución, y no como una evaluación definitiva que sanciona, estableciendo breves períodos de ajuste y con fechas fatales después de las cuales no hay alternativa que no sea el cierre de la actividad educativa, como se está actualmente planteado. La contribución del sector particular a la educación superior representa un importante ahorro nacional y ha sido tradicionalmente un aporte incalculable en términos de preparación de líderes en todos los ámbitos del saber. Desconocer esta realidad constituye un desperdicio injusto e inconveniente.

En cuarto lugar, la ley debió contemplar en su articulado que la decisión de cerrar un centro educativo particular en un corto período de tiempo debe pasar necesariamente por un justificado proceso, que tenga en cuenta los intereses de los estudiantes que han confiado en la validez de los estudios realizados, y que no se violen los principios de seguridad jurídica sobre los cuales se han hecho importantes inversiones; que se respete la libertad de enseñanza que coloca en los padres de familia la decisión de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, y que no promueva la competencia desleal resultado de establecer diferentes normas para permitir el funcionamiento en nuestro país de universidades.

Todos estos principios constituyen pilares esenciales de nuestro desarrollo económico y social, tan importantes como la calidad de la educación.

Estamos seguros de que tratándose de un tema que tiene gran importancia para el país, sabremos encontrar una forma dialogada para salir de este conflicto que se convierte en obstáculo, porque divide y debilita la unidad de propósitos hacia el logro de una mejor educación. Hay que enfrentar el tema con urgencia, antes de cometer errores costosos, y proponer cambios a una ley que tiene un sano objetivo, pero que propone un difícil y costoso camino.

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