ACOMODO PRIVATIZADOR

Cadena de Frío, despojo a los municipios: Edgardo Voitier López

La primera vez que muchos panameños escucharon de la Cadena de Frío fue en el año 2008, cuando el candidato presidencial Ricardo Martinelli la propuso para bajar el precio de los alimentos, que experimentaban una inquietante inflación del 8%.

En aquel entonces, el actual Presidente de la República señalaba que los alimentos subían de costo porque una cantidad considerable se deterioraba y desperdiciaba por su mala conservación. Con ese argumento dijo que la Cadena de Frío los conservaría en buen estado, desde su cosecha hasta su venta al consumidor. Así, dedujimos que ese mecanismo era, esencialmente, un proceso para conservar (mantener con la temperatura adecuada) la frescura de los alimentos.

Pasada las elecciones, la Cadena de Frío, sospechosamente, pasó no solo a ser un proceso de conservación de comida, sino que quedó en manos de una institución constructora y administradora de mercados públicos, incluyendo los más importantes (Panamá, Chitré, La Chorrera, Colón, David, Santiago, etcétera). Esto debilitó a los gobiernos locales (al quitarle su administración) y entronizó la privatización de sus operaciones, a pesar de que la opinión pública le impidió a Martinelli y a la Asamblea Nacional la privatización del 49% de sus acciones.

No había pasado siquiera un año de gobierno cuando el Presidente sancionó la Ley 28 de 2010, que crea la Secretaría de la Cadena de Frío. En el ordinal 10 de su artículo 5, se concretaba no solo el despojo de los mercados públicos y centros de abastos a los municipios, sino que le permitía a esa secretaría darlos en concesión (modalidad de privatización). A esto hay que añadir el ordinal 5 del mismo artículo que facultaba a dicha secretaría para enajenar bienes muebles e inmuebles.

Hace menos de tres meses, el Ejecutivo y la Asamblea reemplazaron la Secretaría de la Cadena de Frío por la empresa Mercados Nacionales de Cadena de Frío S.A., a través de la Ley 90 de 2013. En su artículo 2 se reafirma el despojo de los mercados públicos, mayoristas y minoristas, en perjuicio de los municipios, al señalar que Cadena de Frío tiene como objetivo promover, construir y gestionar (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, gestionar es la acción y efecto de administrar) los mercados alimentarios. Los ordinales 9 y 12 de su artículo 9 empoderan a su junta directiva para que, además de vender, arrendar, concesionar, etc., pueda contratar con terceros cualquier tipo de servicios. El Gobierno no solo le quita los mercados a los municipios, sino que faculta a Cadena de Frío S.A. para que haga préstamos, poniendo en garantía los activos que posee. De tal suerte que, por esta vía, existe la posibilidad de perder no solo las estructuras que comprenden los mercados, sino sus bienes y servicios.

Despojar a los municipios de esto no solo les quita competencias, sino que contraría el título octavo de la Constitución Política que, entre otros puntos, ordena fortalecer a los gobiernos locales. También contradice el Régimen Municipal, normado en la Ley 106 de 1973, y la Ley 52 de 1984 que en su artículo 17 faculta a los concejos para aprobar la construcción y administración de los mercados municipales.

En razón de ello, nos sumamos a la lucha de los buhoneros y demás vendedores del Mercado Público de Colón para evitar su desplazamiento, y revertir la centralización de estos bienes municipales y su posterior privatización. Esta tarea es más necesaria en distritos como Colón, al que históricamente los gobiernos centrales le succionan sus riquezas, mientras conservan a su municipalidad con poco poder o capacidad legal para impulsar el desarrollo que logre sacarla de sus serios problemas económico-sociales y del ruinoso estado de sus servicios públicos y edificaciones.

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