DEFICIENTE SISTEMA PENITENCIARIO

Calabozos infernales: Betty Brannan Jaén

“Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”.

...Nelson Mandela, 1994

PANAMÁ, R.P. -- En 1990, en mi primera columna, escribí que el sistema panameño de justicia penal consiste más o menos en tirar los presos al calabozo y botar la llave al mar. Debiera avergonzarnos como nación que 23 años después, con todas nuestras pretensiones de ser casi un país de primer mundo, nuestro sistema penal y penitenciario sigue siendo medieval.

Todos los gobiernos posdictadura se reparten la vergüenza por igual. Solo en Panamá hemos tenido el espectáculo de un fiscal que ose decir públicamente que “los detenidos no tienen derechos constitucionales”; de un ministro de Gobierno y Justicia que se jacte de que “no voy a perder un minuto en preocuparme por el hacinamiento carcelario ...prefiero que Panamá renuncie a sus compromisos internacionales”; y de un presidente (el actual) que califique de “tres personas armando un zaperoco” a las personas que recurren a organizaciones internacionales en busca de apoyo para rectificar las gravísimas fallas en nuestro sistema de justicia.

Pues bien, este jueves (31 de octubre) habrá otra audiencia más ante la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos) sobre la situación de las cárceles en Panamá. En 2008, un informe presentado a la CIDH hizo un recuento devastador del sistema penitenciario en nuestro país; mencionaré solo cuatro puntos sobresalientes:

En 2008, excepto por Cuba, Panamá tenía el más alto índice de encarcelamiento de la América Latina, pero casi el más bajo índice de homicidios. Es decir, el nivel de criminalidad en Panamá no explicaba el alto nivel de encarcelamiento.

En 2008, la gran mayoría de los detenidos (60%) estaban presos sin haber sido condenados. Había presos “que llevaban tres, cuatro o cinco años sin haber ido a juicio y que no tenían conocimiento de sus casos”.

En 2008, había intimidación “sistematizada”, maltrato físico y carencias de toda índole. Escaseaba el agua potable, la comida, los servicios sanitarios, las camas y la atención médica.

En 2008, había un hacinamiento “infrahumano”, con algunas cárceles a triple capacidad. Cuando el representante del gobierno prometió en la audiencia que se construirían más cárceles, un comisionado observó ácidamente que la solución ideal sería encarcelar a menos gente, no construir más prisiones.

Pero ese último concepto obviamente sobrepasa el alcance intelectual y humanístico de las autoridades actuales, quienes perversamente han dispuesto derrochar su escaso presupuesto en construir “megacárceles” sin rectificar los problemas de fondo. Su lema parece ser “¡infraestructura sí, derechos humanos no!”, ya que los demás problemas que se denunciaron en 2008 persisten hoy, cinco años después:

-Sigue aumentando el índice de encarcelamiento.

-Seguimos con reclusos que esperan años por sus juicios, a veces más de lo que sería la sentencia mínima para el delito que se les acusa. Panamá tiene el más alto índice del mundo de detención preventiva.

-Sigue faltando atención médica y profesionales en manejo carcelario.

-Sigue dándose un hacinamiento infrahumano, con cárceles a doble y triple capacidad.

Uno pensaría que construir más cárceles solucionaría el hacinamiento, pero no es así de fácil, porque el problema principal es un sistema inoperante de justicia penal que, como dije arriba, tira gente al calabozo y bota la llave al mar. Agrandar los calabozos no es la solución, especialmente si estos vienen con un costo sospechosamente exorbitante. Entiendo que la “megacárcel” de La Nueva Joya, con capacidad para 5 mil 500 internados tendrá un costo de 160 millones de dólares. Pero República Dominicana, por contraste, recientemente gastó 7 millones de dólares en construir una cárcel con capacidad para mil 200 recluidos. En otras palabras, infraestructura carcelaria cuesta unos 6 millones por mil reclusos en República Dominicana, pero 29 millones por mil reclusos en Panamá --¡casi cinco veces más!

Sospecho que esa clase de sobrecostos en infraestructura solo tiene una explicación, que vergonzosamente pesa más que los derechos humanos de miles de nuestros conciudadanos.

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