DAÑO AL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

Cambios impostergables a la justicia: Carlos Guevara Mann

“Los magistrados basan sus fallos en un cuidadoso cálculo de los beneficios que sus sentencias les producen a ellos mismos, sus amigos y sus jefes políticos. Administran la Corte como un negocio, sin consideración a las leyes, las necesidades del país o el bien público”.

En estos términos demoledores, la Embajada de Estados Unidos caracterizó al sistema judicial panameño en su despacho del 22 de julio de 2005 al Departamento de Estado. Este cable, como quizás lo recuerde usted, se hizo público a través de WikiLeaks, la enorme base de datos de documentos diplomáticos estadounidenses creada por Julian Assange. La fuente de la cual lo cito es The Panama Guide del 9 de mayo de 2011 (http://www.panama-guide.com/article.php/20110509182025461). La traducción es mía.

“Prácticamente en todos los casos que se someten a la Corte, los magistrados debaten entre ellos el tamaño de los pagos que anticipan y cómo fallará cada uno de ellos. Los magistrados deciden los casos basados en la capacidad de pago que cada parte aparenta tener. Seguidamente, negocian el precio de sus votos con los abogados de la parte ´ganadora´. Al mismo tiempo, preparan opiniones contrarias bien argumentadas para obtener dinero de la parte perdedora, la cual suele pagar para mantener buenas relaciones con la Corte hacia el futuro”.

El cable describe un sistema de justicia, sumido –como lo demuestran la opinión pública y las encuestas de opinión– en el descrédito. De acuerdo con el más reciente Pulso de la Nación, publicado por este diario el 26 de junio de 2013, el 59% de los encuestados opinó que la justicia panameña beneficia a los ricos y el 33% señaló que opera a favor de los allegados al gobierno. Solo el 2% respondió que el sistema judicial beneficia al ciudadano común.

“Los magistrados les preguntan a quienes presentan casos ante la Corte ´¿Qué fallo quieren? ¿Qué quieren que hagamos y cuánto están dispuestos a pagar?”. Continúa el cable: “Una vez se acuerda el precio del soborno, los magistrados lo reparten equitativamente, incluyendo a aquellos que salvan su voto. En ocasiones, el monto de las coimas alcanza las seis cifras y más”.

Esta “metodología”, según el despacho enviado por la misión estadounidense, es ampliamente conocida. No en vano, el 54% de los encuestados por el Barómetro de las Américas en Panamá, en 2012, desconfía de la Corte Suprema de Justicia (La Prensa, 18 de julio de 2013).

El cable analiza las consecuencias de las prácticas que describe: “Este poder judicial politizado se ubica en el eje de un sistema político peligrosamente deslegitimado. La impunidad, una cultura de prebendas y crecientes índices de pobreza y desigualdad alimentan el cinismo y la repugnancia pública hacia el sistema político. Las actuaciones de la Corte y las actitudes que estas generan menoscaban, directamente, las instituciones democráticas de Panamá”.

El daño que la mala administración de justicia produce al régimen democrático es una de las consecuencias más perniciosas del sistema judicial imperante. En medida no despreciable, esta mala administración obedece al nombramiento de personal poco idóneo para ejercer funciones judiciales.

Desde el establecimiento del régimen político vigente, solo durante el gobierno del presidente Guillermo Endara (1989-1994) se hizo un intento por incorporar al Órgano Judicial a individuos mejor calificados. En años subsiguientes, los nombramientos a la Corte no han satisfecho las aspiraciones ciudadanas, con efectos muy adversos para la administración de justicia.

Varias iniciativas han sido presentadas para mejorar las condiciones judiciales en el país, entre las que destaca el Pacto de Estado por la Justicia (2005). Las propuestas, sin embargo, no han encontrado receptividad en los sectores políticos. ¿Qué corresponde, entonces, para enfrentar y revertir la corrupción judicial antes de que sea demasiado tarde?

Este es el tema de la convocatoria de hoy del Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados (Ildea), cuya mesa redonda sobre “Cambios impostergables a la justicia” tendrá lugar esta noche, a las 7:00 p.m., en el Hotel Miramar, con la intervención de los panelistas Adán A. Arjona, Mario Galindo, Rigoberto González Montenegro, José Javier Rivera y Esmeralda Arosemena de Troitiño. Sería oportuno que las sugerencias que emerjan en la actividad sean atendidas por quienes en el sector político tienen el deber de rectificar el rumbo de la justicia panameña.

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