IRREGULARIDADES

¡El Estado del Canal!: Carlos Paniagua

La supresión de cualquier derecho, ya sea individual o colectivo, es la antesala a un acto de corrupción. Es por eso que desde el punto de vista funcional de las democracias modernas se le presta especial atención a la tutela de tales garantías.

En nuestros países latinoamericanos se vive este fenómeno, y simplemente asociamos la “corrupción” a una lesión patrimonial que sufre el Estado. Claro está que los resultados patrimoniales de este flagelo son los más notorios.

Nuevas fortunas se amasan a los ojos de sectores diversos de la sociedad. Algunos son denunciantes acérrimos de estas conductas, y otros se muestran indiferentes ante el fenómeno característico de nuestras latitudes. Sin embargo, existe un grupo que sucumbió y se convirtió en víctima de quienes ejercían la parte activa y beneficiada del hecho. Personas que han sufrido las represalias debido a sus denuncias y que silenciaron, a su vez, las acusaciones de quienes al ver las consecuencias vividas por otros, decidieron enmudecer.

El nacimiento de la corrupción solo es posible en una sociedad en la que se omite la obligación de rendir cuentas por parte de quien ejerce la autoridad. Esto se logra tras una sistemática y progresiva supresión de los derechos individuales y colectivos de los asociados.

La rendición de cuentas es uno de los ingredientes principales del correcto y legítimo funcionamiento de la democracia moderna. Visto de esta forma, el primer acto de corrupción y el más perseguido debe ser el de reprimir cualquier derecho del ciudadano. En otras palabras, una sociedad en la que los derechos del denunciante no están perfectamente tutelados, no puede existir la debida rendición de cuentas.

La autoridad debe tutelar, de forma activa, constante, imparcial y proactiva, las garantías para todo el que, con inmensurable valor y frente a todas las adversidades y promesas del corrupto y corruptor, decide dar ese paso adelante y, con solitaria voz, denuncia las irregularidades. Más aún, se debe crear una cultura de la denuncia y el reproche de la represión, antes que a la corrupción patrimonial.

Hoy, 16 años después de la reversión del Canal a manos panameñas, nos encontramos frente a una Autoridad del Canal de Panamá que, en vez de rendir cuentas por sus desatinos, se justifica y ampara en una ley que estaba destinada a proteger y resguardar el funcionamiento de la vía de los acostumbrados vaivenes políticos. Sin embargo, lo que esta ley nunca previó fue que en algún momento habría que proteger la vía de aquellos que la administraban, porque parece que no hay nadie que proteja al Canal de su administración.

¿Cómo es posible que, ante las evidentes anomalías estructurales en el proyecto de ampliación, no contemos con un informe final del contratista? ¿Cómo es posible que contemplemos, como nación, la licitación, adjudicación y construcción de un puerto, en medio de la evidente crisis contractual del proyecto de ampliación? ¿O que se considere delegar el desarrollo de otros megaproyectos al mismo equipo de alta dirección que hoy todavía no ha rendido cuentas de las razones, alcances y medidas correctivas necesarias, para que lo sucedido en el proyecto de ampliación no vuelva a ocurrir en los subsiguientes proyectos?

No quisiéramos encontrar la explicación a esta inconsistencia en la supresión sistemática de los derechos de los trabajadores canaleros. ¿Cómo es posible que 24 horas después de solicitar una rendición de cuentas nos encontremos con una administración que investiga a los denunciantes? ¿Buscan acallar sus voces?

Durante 15 años he escuchado sobre el “régimen de exclusión, excepción”; que la Constitución no aplica a los empleados canaleros; sobre jurisprudencia extranjera; sobre garantías compensatorias y de juntas que no funcionan. Somos trabajadores panameños al servicio de un Estado dentro de nuestro propio Estado. ¡El Estado del Canal!

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