PANAMÁ Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Cancillería, de tumbo en tumbo: Fernando Gómez Arbeláez

Considerando errores recientes en el manejo del derecho internacional en nuestras relaciones exteriores, podría concluirse que en la Cancillería panameña no laboran abogados. Al menos, no que conozcan de derecho internacional. La situación reflejada, de por sí inconcebible, preocupa mayormente porque los funcionarios responsables no parecen aprender de faltas anteriores, de equivocaciones repetidas en detrimento de los mejores intereses y la imagen internacional de la república de Panamá.

Hace poco más de tres años, quienes hayan sido asesores legales del Ministerio de Relaciones Exteriores cometieron un error. El Gobierno buscaba entonces desvincular a Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) –una medida con respaldo público, dada la percibida inoperancia de ese organismo regional– pero la tarea asignada estaba lejos de ser sencilla: el Tratado Constitutivo del Parlacen, acordado en Guatemala, en 1987, y suscrito por Panamá, en 1994, no contempla su denuncia ni el retiro de un Estado parte. La legislación internacional general, representada por la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969, tampoco los permite, salvo que el Estado denunciante observe ciertas condiciones que Panamá no cumplía.

Frente a esos formidables obstáculos, los asesores patrocinaron un disparate: como el Tratado de 1987 y uno de sus Protocolos habían sido aprobados por la Asamblea Nacional mediante dos leyes, de 1994 y 2005, respectivamente, una nueva ley que derogara a ambas “anularía” la aprobación efectuada y dejaría al Tratado y su Protocolo sin vigencia para Panamá.

Bajo este absurdo concepto nace la Ley 78 de 2009, “Que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al Parlamento Centroamericano”, con el argumento de que era “una decisión soberana e irrevocable del Estado panameño”. Mediante la improvisada ley se tiraban por la borda, sin el menor asco, tanto al derecho internacional como a varios artículos de nuestra Constitución Política.

Los autores de la Ley 78 desconocían que una vez la Asamblea aprueba un tratado o convenio internacional y se completa la formalidad de su ratificación, la vigencia de ese instrumento depende exclusivamente del derecho internacional. No hay nada que Panamá, o cualquier otro Estado en circunstancias similares, pueda hacer a nivel interno para derogar un tratado de forma unilateral.

Por eso la Constitución, en su artículo 159 (3), concede a la Asamblea la función de “aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y convenios internacionales”, no de derogarlos. De haber sido esto factible conforme al derecho internacional, un anterior Gobierno habría podido derogar, por ejemplo, el notorio decreto de la Junta Provisional de Gobierno que en diciembre de 1903 aprobó el Tratado Hay-Bunau Varilla, ahorrándole a la nación tantas décadas de injusticias en la Zona del Canal, así como una larga lucha diplomática enmarcada con la sangre de mártires. La flagrante inobservancia de normas constitucionales e internacionales en la Ley 78 generó amplias críticas dentro y fuera del país. Pronto se demandó por inconstitucional, lo que así declaró la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2 de febrero de 2012, encontrándola violatoria de –nada menos– cuatro artículos de la Constitución.

Tan mala experiencia con la Ley 78 debió hacer reflexionar a la Cancillería. Pero no fue así. Casi un año después del fallo, el pasado 10 de enero, ese ministerio presentó a la Asamblea el proyecto de ley 544, “Que restablece la vigencia de la Ley 2 de 1994 y de la Ley 4 de 2005, concernientes al Parlamento Centroamericano”. En la “exposición de motivos” del proyecto se lee que “el Órgano Ejecutivo en cumplimiento del fallo ... considera necesario el restablecimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que sustentan el Parlamento Centroamericano”.

Inexplicablemente, la Cancillería vuelve a tropezar con la misma piedra. Sus abogados no acaban de comprender que esos “instrumentos jurídicos internacionales” no necesitan ser “restablecidos”, porque nunca fueron anulados. El Tratado de 1987 y su Protocolo siguen vinculando a Panamá desde la fecha original en que entraron en vigor. Por si fuera poco, la Cancillería agrega que “para el restablecimiento de la vigencia de una Ley, corresponde, según el artículo 37 del Código Civil ... que se restablezca la vigencia de las leyes constitutivas del Parlamento Centroamericano, y además que se promulguen las leyes que en efecto fueron derogadas, para cumplir con lo dispuesto en la citada excerta legal”. No, en la Cancillería ignoran que el Código Civil es inaplicable a la aprobación de tratados. La Asamblea en su momento aprobó el Tratado de 1987 y su Protocolo, por lo cual no se requiere que haga más.

Aunque el proyecto 544 es inocuo de cara al derecho internacional, su paradójica presentación deja entrever que lo menos que se maneja en la Cancillería es, precisamente, el derecho internacional. En vez de perder el tiempo en legislaciones anodinas, ese ministerio debería trabajar en proyectos concretos de reforma al Parlacen, para que Panamá y los demás Estados miembros modernicen un organismo que dista de ser democrático, eficiente y práctico para las necesidades de los países centroamericanos.

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