MALES DEL DESARROLLO ACELERADO

Candidatos miopes y derecho urbano: Magela Cabrera

La actual administración, con el Decreto Ejecutivo 179 (año 2010) ,centralizó en la Dirección de Desarrollo Urbano del Miviot las decisiones relativas a los cambios de zonificación de uso de suelo y los planes de ordenamiento territorial; repudiando así lo que establece la Ley 6 de 2006 que otorga a los municipios tales competencias; asimismo, se incumple la Ley 37 (año 2009) que estipula la descentralización sistemática de la Administración Pública en los municipios. Las reiteradas promesas de descentralizar de todos quienes han gobernado desde 1990 han sido quebrantadas y las ciudades y los ciudadanos seguimos rehenes del poder Ejecutivo.

Además, los candidatos presidenciales y muchos aspirantes a las alcaldías no advierten la urgencia de atender los acelerados procesos de urbanización ni conciben las ciudades como entes integrales y dinámicos; apenas ven las ciudades de forma desarticulada, como la reunión de muchas viviendas dispuestas en calles, lo que los aleja de hallar soluciones para los múltiples problemas que afligen a los ciudadanos.

Mientras esto sucede, en Medellín se celebró, entre el 7 y el 13 de abril, el Séptimo Foro Urbano Mundial convocado por UN-Hábitat al que asistieron cerca de 37 mil personas en representación de 164 países. Ellos reflexionaron sobre los procesos de urbanización acelerados que producen enormes dificultades de integración y grandes desigualdades sociales, económicas y espaciales entre los habitantes ricos que disfrutan de todas las oportunidades, y los más humildes que viven en condiciones miserables, situación que incrementa las tensiones sociales.

Hasta ahora la gestión de las ciudades panameñas, sobre todo del área metropolitana, es guiada por un crecimiento urbano sin planificación y basado en la especulación, lo que nos lleva a un “urbicidio”, ocasionando la ruptura de la trama urbana, la privatización del espacio público y la transformación de los ciudadanos en consumidores y clientes. Esta pérdida de la ciudad y el malestar creciente de los ciudadanos se desborda en las manifestaciones de la población que demanda, entre otros elementos, agua potable, transporte oportuno, seguridad ciudadana y participación en la definición de modelo de urbanización.

En los mal llamados debates presidenciales y de alcaldes, no se analizaron las causas y consecuencias del estado en que están hoy nuestras ciudades, ni sobre la naturaleza de sus conflictos. En cuanto al derecho al espacio público, el derecho a la movilidad y la accesibilidad, el derecho a la belleza, el derecho a la innovación política, el derecho a la calidad del medio ambiente, entre otros, las propuestas para garantizarlos fueron nulas, escasas o parciales. El sorprendente silencio respecto a esos temas es resultado de una pertinaz miopía intelectual e ideológica, que les impide comprender que los trazados urbanísticos, el espacio público y el mobiliario urbano son factores determinantes para la educación, la cultura y la calidad de vida.

Reflexionar sobre nuestras ciudades implica aceptar que los derechos mencionados y muchos otros han sido y son vulnerados por la ausencia de líderes que acepten que los planes urbanísticos tienen componentes políticos que no se pueden soslayar y que determinan las posibilidades de construir ciudades con calidad de vida.

La gestión de estas parte de análisis técnicos, pero son esencialmente decisiones políticas. Y puesto que esa característica reviste las disposiciones que determinan la localización y construcción del espacio público, el equipamiento deportivo o cultural, o el tipo de viviendas o comercios que se aprobarán en ciertas zonas, también son políticas las medidas de impulsar la oferta cultural o de construir escuelas de excelencia y parques biblioteca en las zonas más deprimidas de la ciudad. Es decir, políticas son la mayoría de acciones que pueden garantizar el derecho a disfrutar de vivienda adecuada con accesos a servicios básicos, educación de calidad, seguridad ciudadana en un marco de armonía con el entorno.

Mientras tengamos una legislación urbana con vacíos, errores y cegueras; con débiles mecanismos de compensación; con fallas en la captura de plusvalía, y ausencia de fiscalización de los efectos de la expansión urbana; mientras no se ejecuten planes de ordenamiento territorial; mientras las competencias y decisiones del desarrollo urbano sigan centralizadas, alejadas de la participación de ciudadanos informados y con recursos, y mientras los funcionarios no tengan ni la capacidad técnica ni la voluntad política para garantizar los derechos urbanos, los conflictos en las ciudades se agravarán.

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