PLANIFICACIÓN URBANA

´Caos en la ciudad´: Carlos A. Alvarado

Caos en la ciudad es un excelente documental panameño ganador del Doc TV Latinoamérica. Muestra con crudeza los problemas que sufrimos los habitantes de la capital, mientras somos testigos de cómo, desde el punto de vista urbanístico, la ciudad evoluciona rápidamente hacia lo peor. Tomada por asalto por promotores inmobiliarios y especuladores, la ciudad se ha llenado de edificios que tienen una característica común: son altos y están vacíos. ¿Es esto progreso? ¿Para quién?

La ciudad contemplada desde la bahía impresiona por lo que aparenta ser: una muestra de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, solo hay que caminar por nuestras calles para comprobar que esas estructuras ocultan la triste realidad de ausencia casi total de aceras para los peatones. Y si las hay, están ocupadas por automóviles que las usan como estacionamiento. Debido a la especulación y falta de planificación, la ciudad no cuenta con espacio para la gente. Solo tenemos concreto y automóviles y, en algunos casos, irónicos carteles que recomiendan al peatón circular por aceras inexistentes. ¿Y dónde se encuentran las autoridades competentes? El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) reconoce que hay un problema y busca resolverlo a través de un reordenamiento territorial. Para esto ha iniciado una campaña de consultas dirigidas a cambiar las normas de zonificación y ocupación de suelo. Esto ha causado que diferentes comunidades se preocupen por el impacto que los cambios puedan tener sobre sus vidas y propiedades. Mucho de lo planteado contempla cambios de zonificación que permitirían la construcción de edificios altos en barriadas donde predominan residencias unifamiliares o edificios bajos. Comunidades donde las calles y los servicios de electricidad, agua y alcantarillado están saturados. Se han efectuado consultas y los ciudadanos afectados han manifestado su desacuerdo. Solo piden respeto por sus propiedades y forma de vida. En algunos casos, las comunidades han hecho propuestas que permitirían cambios en algunos sectores, pero con limitaciones. Son propuestas para ciertas áreas específicas de los barrios, dirigidas a limitar la altura de los edificios, reglamentar los estacionamientos a la calle y el tipo de actividades que se puedan desarrollar en el vecindario, entre otras.

¿Tiene el Miviot la capacidad de ejercer un control efectivo sobre lo que promueven los especuladores? ¿O de aceptar lo que proponen las comunidades?

En un reciente artículo el arquitecto Rodrigo Mejía Andrión llama la atención sobre las pobres condiciones de trabajo y salarios deprimentes que devengan los funcionarios responsables de revisar proyectos multimillonarios que llegan a sus escritorios. Igual ocurre con quienes tienen la responsabilidad de inspeccionar las obras en construcción quienes, además, no disponen de transporte o herramientas adecuadas para su trabajo. A pesar del enorme impacto que el problema tiene sobre la sociedad, la experiencia actual parece indicar que no se le está dando la importancia requerida. De allí los magros resultados obtenidos hasta ahora.

Hay demasiadas señales de que el desarrollo de la capital está en manos de especuladores. Ellos toman las iniciativas y el resto, si nos enteramos, corremos detrás para conocer de sus planes y cuánto nos afectan. En ese ejercicio tropezamos con especuladores “creativos” que utilizan todo tipo de artimañas para lograr para sus proyectos la autorización de la mayor cantidad de pisos posible. Pretendiendo cumplir desde el punto de vista formal con las normas que limitan el número de habitantes por hectárea para el lote de un proyecto, se violentan claras reglas establecidas. La norma que define el número de habitantes por hectárea, si es aplicada como corresponde, pone un límite a la altura de los edificios. Sin embargo, es violada sistemáticamente mediante el diseño de departamentos que incluyen un supuesto “estudio” fácilmente convertible en dormitorio para dos personas adicionales. Escondido para quien no quiera verlo, este artificio permite la aprobación de un número mayor de pisos para el proyecto, casi duplicando la cantidad real de habitantes por hectárea que la norma autoriza. Todos conocen de esa práctica tramposa y antiética. Sin embargo, ninguna autoridad le pone alto. Capítulo aparte merecerían los estudios de impacto ambiental evidentemente hechos solo para cumplir con un requisito legal.

¿A dónde vamos con esto? ¿A quienes se pretende engañar? La sociedad entera está sufriendo las consecuencias de promotores inmobiliarios que ganan millones a expensas del deterioro sistemático de la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. San Francisco y Bella Vista son ejemplos emblemáticos de estos abusos. Buscando poner límite a estas arbitrariedades, los ciudadanos se están organizando. Cada barrio cuenta hoy con asociaciones que, en representación de sus comunidades, llevan ante las autoridades sus inquietudes y propuestas. Como resultado lógico de esta situación, ha nacido la Red Ciudadana Urbana, cuyo objetivo primordial es apoyo mutuo, intercambio de información, una voz común ante las autoridades y, cuando sea necesario, la realización de actividades conjuntas. También aportar ideas para alcanzar un ordenamiento territorial por y para la comunidad y, paralelamente, ofrecer apoyo a las autoridades dispuestas a enfrentar las presiones y abusos a que son sometidas por factores de poder dentro y fuera del gobierno. Mucho queda por hacer. Por ejemplo, practicar urbanismo para el bien común. Juntos, autoridades y ciudadanos responsables podemos hacerlo. ¡Pongamos manos a la obra!

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