PROYECTO LESIVO

Carrera judicial, garantía de independencia: Ángel M. Gómez G

La independencia judicial está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución y en la ley como una verdadera garantía a favor de los magistrados y jueces que integran el poder Judicial, para permitirles actuar libres de intromisiones, tanto externas de los órganos Ejecutivo o Legislativo, como internas de la propia estructura judicial.

Solo deben estar sujetos a los límites y controles que les imponen, única y exclusivamente, el texto constitucional y la ley, pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar y reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones judiciales proferidas por aquellos.

La carrera judicial garantiza este principio constitucional, basándose en la idoneidad, capacidad, probidad e igualdad de oportunidades para estimular a los más aptos; a través de un sistema científico de selección y administración del personal que ingresa al órgano Judicial, considerando los méritos, títulos y antecedentes del aspirante.

La estabilidad de los funcionarios de carrera está condicionada a la conducta y cumplimiento de sus deberes, igualdad de salario por igual trabajo prestado, igualdad de oportunidades para ser promovidos y trasladados, al cumplimiento de los requisitos de educación, experiencia, mérito, eficiencia, excelencia, y capacitación permanente del personal de carrera.

Estos aspectos son importantes en la independencia de los jueces quienes en su mayoría son garantes de certeza, responsabilidad, objetividad, equidad, y justicia, dentro de un proceso.

No obstante, a lo anterior se presenta el proyecto 348 de reforma a la carrera judicial, so pretexto, de que “ayudará a evitar la corrupción y agilizar los procesos”. Dando potestad al pleno de la Corte para investigar y separar a jueces y magistrados de tribunales superiores.

Considero que el proyecto es inconstitucional e ilegal, puesto que atenta con la seguridad jurídica del Estado, al no ser consultado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, violando disposiciones internas al presentarlo a la Asamblea Nacional, por instrucciones de la Sala Quinta, arguyéndose que ni el numeral 6 del artículo 100 del Código Judicial, ni los numerales 1 y 3 del artículo 206 de la Constitución, inherentes a la iniciativa legislativa de la Corte para proponer proyectos de ley, confieren dicha facultad al pleno, y que el artículo 9 del Código Civil dispone “que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”.

Esos argumentos se contraponen a lo que establece el artículo 165 numeral 1, acápite c de la Constitución Nacional, al disponer que las leyes serán propuestas, cuando sean orgánicas, por la CSJ en concordancia con el artículo 203 idem que señala que la CSJ estará compuesta del número de magistrados que determine la ley, –que en la actualidad son nueve–, y el artículo 206 tampoco dice que sea la Sala Quinta a la que le corresponde esta iniciativa. Por tanto, existe un aforismo legal que dice “Donde la ley no distingue no le es dable al hombre distinguir”.

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