MORA VOLUNTARIA

Catorce años de un recurso pendiente: Fernando Gómez Arbeláez

Si nuestras leyes fueran debidamente cumplidas por quienes están obligados a hacerlas cumplir, en Panamá no existiría la mora judicial. La Constitución Política panameña establece de manera taxativa que “la administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida”. (Art. 201). El primer deber de los magistrados y jueces, declara nuestro Código Judicial, es “dirigir e impulsar el trámite del proceso, velar por su rápida solución adoptando las medidas para impedir su paralización, y procurar la mayor economía procesal por la cual será responsable de cualquier demora que en él ocurra”. (Art. 199, 1). Pero, lejos de la rigurosidad, idealismo y formalidad que impregnan ambas normas, los magistrados y jueces acostumbran a resolver los procesos judiciales a su cargo cuando a bien lo tengan, ajenos a cualquier deber de impartir una justicia que enfáticamente se proclama en el papel como “expedita” e “ininterrumpida”.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, como guarda de la integridad de la Constitución, no escapa de esa penosa realidad judicial. A pesar de los principios constitucionales y legales expuestos, sus magistrados carecen de plazos para resolver con prontitud las demandas, acciones o recursos presentados a la Corte. En la práctica, su decisión puede fácilmente demorar toda la cantidad de meses e incluso años que los magistrados estén dispuestos a esperar.

En 1998, residente en Londres y encontrándome de vacaciones en Panamá, observé que un decreto ley promulgado por el Presidente de la República adolecía de vicios de inconstitucionalidad. Motivado por una serie de conclusiones jurídicas que consideraba evidentes, un día antes de salir del país presenté al pleno de la Corte Suprema un recurso de inconstitucionalidad, a fin de que el pleno declarara que el mismo no era constitucional. Tenía la certeza de que por lo obvio de tales vicios, el recurso presentado estaría resuelto favorablemente cuando regresara a Panamá.

Mi ingenuidad de entonces todavía me sorprende. Catorce años han pasado desde aquella presentación, pero el recurso aún se mantiene pendiente de resolver por parte del pleno de la Corte. En esa fecha nuestro máximo tribunal estaba compuesto por los magistrados Hoyos, Fábrega Zarak, Eligio Salas, Troyano, Echevers, Faúndes, Dixon, de Aguilera y Molino Mola. Ninguno continúa en el cargo, sea por causas naturales o por haberse vencido su periodo de 10 años como miembros de la Corte. Varios fueron, a su vez, reemplazados por los magistrados Pereira Burgos, Arjona, Spadafora, Cigarruista y de Troitiño, a quienes también se les venció su periodo de nombramiento sin que mi recurso hubiera sido resuelto.

A diferencia de la mayoría de procesos judiciales, la decisión del pleno de la Corte sobre un recurso de inconstitucionalidad no puede ser retardada a través de incidentes o mecanismos dilatorios. Una vez un recurso completa sus etapas de admisión, traslado, concepto y argumentos –el mío las cumplió todas hace más de 12 años– la responsabilidad recae exclusivamente en los magistrados. Por más que nuestra legislación contempla la figura del “impulso procesal” para agilizar una decisión, en 14 años se han presentado más de 70 escritos solicitando este impulso a la Corte, sin efecto alguno. La pregunta lógica que procede es por qué a los magistrados de la Corte, a los de antes y a los de ahora, les está tomando tantos años decidir mi recurso. Los mismos vicios de inconstitucionalidad denunciados han sido reconocidos en sentencias dictadas por ellos en otros procesos. La respuesta con la que cabe especular parece ofrecerla el objeto del recurso: la inconstitucionalidad del Decreto Ley 9 de 1998, “por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos”, un decreto ley que a pesar de haber sufrido posteriores modificaciones permanece vigente como la legislación bancaria de Panamá.

Al calor del debate sobre una Sala V de garantías constitucionales, a ser desarrollada bajo el pretexto de remediar la “mora judicial” en la Corte Suprema, pocos se han percatado de que esa mora se convierte en voluntaria cada vez que los magistrados optan por no decidir los procesos a su cargo en un tiempo razonable. El correspondiente proyecto de ley ha sido retirado temporalmente de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional en medio de trifulca, cuando debió haber sido rechazado por los diputados de forma definitiva.

Es irrelevante cuántas Salas tenga la Corte Suprema: mientras los magistrados no tengan plazos preestablecidos para decidir, la mora judicial voluntaria se mantendrá por siempre. Una Sala Quinta es inútil para prevenir esta injustificada –y en numerosos casos, perjudicial– mora en los procesos de la Corte. Tampoco aporta a una malograda justicia que se supone “expedita” ni resuelve absolutamente nada.

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