ECONOMÍA

Causas y efectos del trabajo informal: Vicente A. Caballero Díaz

En los últimos años se ha hecho hincapié en la situación del trabajo informal en Panamá, y en que este debería encaminarse hacia la formalidad.

Este es propio de los orígenes del ser humano. Es decir, el trabajo informal empezó con la creación del hombre, pero ahora es materia de alta consideración en América Latina y el Caribe, sobre todo, por ser un tema sensitivo que ha sido retomado por la Organización Internacional del Trabajo.

Se asume que en la región hay 130 millones de personas de todas las edades que ocupan empleos informales. Entre los años 2009 y 2012, el porcentaje del trabajo informal se situaba entre el 47.7% y el 50%, índice llamativo en virtud de los datos estadísticos que indican un crecimiento puntual de la región. Con estas apreciaciones, deseamos reafirmar que el tema es de atención regional y mundial.

El Centro Nacional de Competitividad informó hace poco que en Panamá más de medio millón de trabajadores se ubica en el fenómeno de la informalidad. Hablamos de aproximadamente de 529 mil 672 personas inmersas en esta realidad social que ha sido materia de interés por diversos gobiernos.

Para que analicemos el comportamiento de este fenómeno, se señala que de ese gran total de la población informal, 299 mil 850 pertenecen al sexo masculino, el 56.6%, y que 229 mil 822 son mujeres, el 43.4%, según las cifras emanadas del Centro Nacional de Competitividad.

Esta realidad social que apreciamos a diario sin mayores comentarios, afecta de forma negativa la economía del país.

Por otra parte, según los últimos datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, hay un millón 694 mil 787 personas ocupadas en la República de Panamá.

Pero el tema fundamental del trabajo informal no se queda en una contemplación romántica o radical. Las miles de personas comprendidas en ese rango laboral no solo afectan la economía del país, sino su propio modo de vida. Constituyen una carga para el Estado, porque la mayoría no cotiza a los servicios de salud ni aporta al tesoro nacional. Si se hace un análisis de esta deficiencia, concluimos que este grueso de panameños y panameñas son una carga social involuntaria.

A esto agregamos un elemento desgarrador y es que ese porcentaje significativo de la sociedad debe ser sujeto de alguna legislación más humana, que le permita, en menor o mayor grado, una protección social.

La población que responde a la economía informal, aparte de estar desprotegida, participa en actos de inconformidad callejera, lo que se refleja en cierres de calles, hurtos y violencia humana. Al final muchos de ellos terminan en los centros de privación de libertad.

Por esto, los gobiernos no pueden distraer la mirada, como tampoco la empresa privada que hoy día, en Panamá, ejerce un impacto social digno de reconocer y de admirar.

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