CÁLCULO ELECTORERO

Cerdem, política y trauma: Jorge Luis Macías Fonseca

Los Certificados de Pago Negociable de los Decimotercer Mes (Cerdem) se mueven entre la política y el trauma.

No cabe duda de que la acción gubernamental para reivindicar el derecho adquirido referido al pago de las partidas del decimotercer mes dejados de percibir en los años 1989, 1990 y 1991 es loable. Esta aspiración fue planteada hace mucho tiempo y quienes tuvieron la capacidad de satisfacerla prefirieron el discurso demagógico, sin ninguna clara intención de resolver el problema.

El derecho del decimotercer mes fue flagrantemente vulnerado en virtud de la crisis política y económica provocada por intereses antinacionales y dictatoriales.

Ahora bien, la redención hoy de ese derecho como parte de un proyecto político electoral resulta ganancioso para el oficialismo y altamente rentable en la aceptación del votante, que ve hacerse realidad sueños que parecían irrealizables.

Pero ningún acto político es inocente, y en el caso que nos ocupa, puede convertirse en un trauma con algún efecto adverso si se administra más políticamente y con menos sentido humanitario, que es el que debe acompañarlo.

Por ejemplo, sin negar lo bueno de la medida, para la población panameña hubiese sido más efectivo que se le entregara en un momento menos dado al consumismo. Por ejemplo, en el periodo escolar hubiese sido de más utilidad y de mayor beneficio para invertirlo en los jóvenes estudiantes.

Desde luego, pareciera que la ejecución de la medida tiene un cálculo político, y eso puede quitarle un poco de imagen y eficacia a una acción que es favorable para la población.

Es una movida que apostaría al populismo, en vísperas del torneo electoral. De manera que la acción rehabilitadora del decimotercer mes, considerada eminentemente política en su planificación y para su ejecución, tiene un objetivo claro.

La gente –por su parte– percibe la intención, pero la diluye porque de alguna manera se convierte en un aliciente económico en estas festividades navideñas.

Sin embargo, si hay un numeroso grupo de beneficiados con el pago de las partidas atrasadas, otro grupo –también importante– muestra preocupación porque, contrariamente, no lo ha recibido. Las instituciones no dan clara indicaciones y nadie asume la responsabilidad. De allí que, si en el fondo la negación en el pago del decimotercer mes atrasado en el pasado fue por razones de índole política, en la actualidad esas mismas razones motivan el desembolso, con el agravante de que se excluye a muchísimos funcionarios.

Pareciera que el proceso fue muy apresurado y que la confección de las planillas, sin la información precisa, solo buscaba construir la imagen de “respuesta” a una aspiración sentida para obtener favores a través del voto.

El Gobierno Nacional, con el mismo ímpetu con que impulsó el pago de las partidas atrasadas, debe hacerle frente al derecho que tienen muchísimos funcionarios y exfuncionarios, quienes, por motivos de una malograda burocracia, no han podido recibir ese beneficio. Todo esto, sin dejar de decir que la especulación para hacerlo efectivo está a la orden del día.

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