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DESAFÍOS URBANOS

Ciudad versus negocio: Magela Cabrera Arias

Cada 10 años, la ONU-Hábitat convoca a su Conferencia mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. La primera se realizó en Vancouver, en 1976; la segunda en Estambul, en 1996, y la tercera será en Ecuador, en octubre de 2016. La conferencia busca que los países identifiquen los desafíos urbanos y renueven sus compromisos políticos para lograr un desarrollo sostenible estableciendo la nueva agenda urbana.

La ONU-Hábitat ha sugerido que los países participantes preparen informes nacionales para presentarlos en la tercera conferencia, siguiendo una metodología. Los gobiernos deberán liderar el proceso y conformar un comité nacional de hábitat, constituido por gobiernos locales, gremios, academia, ciudadanos y asociaciones; quienes deberán recopilar y analizar información, organizar talleres nacionales para revisar los planes de acción y evaluar los avances alcanzados, así como establecer los retos del futuro.

El informe debe incluir una descripción de los logros del gobierno central en ocho ámbitos, con numerosos aspectos, de los que solo mencionaré algunos. Se deben exponer, por ejemplo, las medidas para gestionar la urbanización acelerada, integrar la perspectiva de género en el desarrollo urbano; mejorar la movilidad; evitar la congestión de tránsito y la contaminación del aire.

Otras para enfrentar el cambio climático y reducir el riesgo de desastres; mejorar la capacidad técnica para planificar y gestionar las ciudades; impulsar la seguridad ciudadana, la integración social y la equidad; mejorar los asentamientos informales e impedir su formación; garantizar el acceso a una vivienda adecuada, al agua potable, a los servicios de saneamiento y a los servicios de transporte.

Cuando faltan escasos cinco meses para que se realice la conferencia, todavía se desconoce si hay iniciativas para seguir las recomendaciones de la ONU-Hábitat y la elaboración del informe nacional que Panamá debería llevar a Ecuador. Por el desinterés que se evidencia, pareciera que todos los problemas urbanos del país están camino a resolverse, o que las autoridades desconocen que el modelo de desarrollo urbano vigente en las ciudades panameñas es agresivo con las personas y el medio ambiente.

La coyuntura es adecuada para que los ciudadanos demanden transparencia e información al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales. Necesitamos conocer cómo se toman las decisiones relativas a los procesos de urbanización que desde hace años se han salido del control en el área metropolitana y en el interior del país. Las ciudades panameñas son espacios en los que la desigualdad de ingresos, la inequidad en las oportunidades, y la exclusión social y espacial, así como la degradación ambiental y la vulnerabilidad a los desastres y el impacto del cambio climático están presentes.

Desde hace varias décadas los ciudadanos escuchan vanas promesas de las autoridades. Perdura la ausencia de políticas operativas, democráticas e inclusivas para regular el desarrollo urbano y persiste la permisividad frente a la mano invisible de los intereses inmobiliarios y financieros.

El Estado sigue impulsando programas de “soluciones habitacionales” para los más desposeídos, que han naturalizado el hecho de que el derecho a la vivienda pueda ser convertido en un negocio lucrativo. Se construye en áreas alejadas de los centros de trabajo y de los necesarios equipamientos sociales urbanos; mientras los asentamientos informales surgen a la par.

En el centro urbano de la ciudad de Panamá se construye bajo la lógica de los intereses inmobiliarios, destruyendo las áreas verdes, sin dejar espacios públicos, desconociendo la capacidad máxima de la infraestructura de agua, alcantarillado y la vial, eliminando la posibilidad de formar relaciones sociales o de tener sitios de encuentro; y, en general, se derrocha energía eléctrica y se gestionan mal los desechos domésticos. En ambas zonas, las formales y las informales, se sufre inseguridad y violencia. En general, las autoridades permiten que los ciudadanos pierdan su condición y sean tratados como clientes.

Ante este panorama, me pregunto: ¿Qué llevara Panamá a la tercera Conferencia de ONU–Hábitat? Y, más importante, ¿cuándo y cómo empezaremos, los ciudadanos, a trabajar unidos para construir ciudades planificadas, amables, seguras, verdes, incluyentes y democráticas?

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