USO LEGAL DE ARMAS DE FUEGO

¿Ciudadanos o víctimas?: Roberto Christian Cerrud Rodríguez

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¿Ciudadanos o víctimas?: Roberto Christian Cerrud Rodríguez

Pequeños empresarios maniatados con alambres de púas, torturados y asesinados dentro de sus propios hogares. Damas en la tercera edad siendo víctimas de secuestros exprés en los estacionamientos de supermercados, centros comerciales y hospitales. Ni siquiera los miembros de nuestra propia Asamblea Nacional están protegidos de la ola delincuencial que azota a la sociedad panameña, llegando a sufrir desde amenazas a su integridad física, hasta violación de domicilio por parte de los delincuentes.

Mientras tanto, los ciudadanos indefensos vemos con impotencia e indignación cómo los delincuentes le ganan la batalla a un gobierno débil de carácter y poco resuelto. Poco a poco estamos perdiendo a la Panamá segura que pudimos disfrutar por décadas, para ver cómo el gobierno la deja convertir en un infierno inseguro, característico de los demás países de la región.

Desde octubre de 2010, bajo la nefasta y corrupta administración anterior, se prohibió la importación legal de armas en Panamá, con el pretexto de que dicha prohibición sería levantada hasta que entrara en vigencia la “nueva” ley de tenencia y porte de armas, la Ley 57 del 27 de mayo de 2011, que no entró en vigencia sino hasta el 1 de junio de 2012. Hoy, cinco años después, y a pesar de un cambio de gobierno, se ha mantenido esta “veda”, con la excusa de que, con ella, se iba a disminuir el acceso a las armas por parte de los delincuentes.

Esta excusa falaz ha caído bajo el propio peso de su mentira. A pesar de la veda, la delincuencia está cada vez más y mejor armada. Basta ver las noticias para darse cuenta de que incluso los delincuentes que se escapan de la cárcel a las pocas horas ya tienen pistolas con silenciador, y que dentro de las celdas los presos tienen fusiles de asalto.

Revisando la literatura encontramos evidencia de que la prohibición a la tenencia civil de armas está correlacionada con mayores niveles de violencia; citando uno de los ejemplos, con datos de 2003, Luxemburgo, donde las armas cortas están prohibidas, tuvo una tasa de asesinatos 9 veces mayor que Alemania, donde hay alrededor de 30 mil armas registradas por cada 100 mil habitantes.

Un estudio estadounidense efectuado por el National Institute of Justice determinó que un alto porcentaje de delincuentes presos confesó que el temor de enfrentarse a una “víctima armada” era un disuasivo para no cometer crímenes de confrontación. Este hallazgo fue más frecuente en los estados con mayor tenencia ciudadana de armas, mientras que en los estados con mayores restricciones al porte civil de armas, los robos a mano armada eran más frecuentes.

Invariablemente, la evidencia a largo plazo demuestra que la tenencia legal y generalizada de armas de fuego no está correlacionada con mayores tasas de asesinatos y de otros crímenes violentos.

En sendos estudios estadounidenses realizados por la National Academy of Sciences (2004) y por la CDC (2003) no se pudo demostrar que la prohibición de armas hubiera disminuido los crímenes violentos ni los suicidios ni los accidentes con armas de fuego, a pesar de que ambas organizaciones suelen estar sesgadas a favor del control, lo que demuestra la honestidad intelectual de las mismas.

Aunque reconocemos que la solución al tsunami de violencia que arrasa a Panamá no consiste exclusivamente en devolvernos a los ciudadanos el derecho a la legítima defensa, que se nos ha arrebatado mediante vedas y permisos que tardan hasta dos años en salir, sería un gesto que la sociedad en general reconocería como positivo. Finalmente, dejaríamos de ser víctimas pasivas para recuperar nuestra dignidad como ciudadanos de una república.

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