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QUEJAS

Cobro legal o zancadilla oficial: Bertilo Mejía Ortega

Un ciudadano, que pidió reserva de su nombre, adquirió en el año 2000 una finca en la provincia de Chiriquí. Además de profesional de una rama científica, sentía el impulso de querer producir y compartir esfuerzos con los humildes habitantes de un sector de la provincia.

Para lograr dicho objetivo concurrió a la entidad bancaria oficial (BN), en la que, después de los análisis correspondientes, le concedieron la suma solicitada para la adquisición de dicha propiedad. El adquiriente, quien ha resultado un excelente y puntual cliente de la entidad bancaria, nos ha comentado que se siente satisfecho del reto que para él implica la tarea pecuaria y que la disfruta, muy a pesar de la situación nada halagadora en la comercialización del ganado en pie, cuyo precio es el más bajo el continente americano.

Sus cuotas anuales a la banca están por el orden de los 10 mil dólares más intereses, a lo que hay que agregar mantenimiento de la finca, salario del administrador, medicamentos, manejo e inversión en mejoramiento de pastos, entre otros, lo que eleva a una suma considerable el costo/esfuerzo en la actividad. Agrega que recientemente concurrió a la Dirección General de Ingresos a renovar el derecho de exoneración de la finca, ya que está destinada a las actividades agropecuarias. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que debía pagar la suma de 10 mil dólares, en vista de que no había realizado dicha diligencia en el año 2005, como correspondía. Había exonerado en el 2000.

No le quedó otra alternativa, nos comenta, que acudir a un préstamo en una corporación de crédito para satisfacer a la DGI, aunque nadie le ha podido explicar hasta la fecha si dicho cobro está o no ajustado a la ley. En la regional de ingresos solamente le expresaron que “antes no habían interpretado la ley como en el momento lo hacían”, respuesta nada convincente.

Como es de suponer, este productor ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario, que lo ha obligado a ir más allá de sus posibilidades económicas en el entorno pecuario que sostiene gracias a sus limitados ingresos profesionales, porque, según él, la explotación ganadera no resulta autosuficiente, por lo que muchos prestatarios pasan por serias dificultades.

Nos ha sugerido el profesional y bisoño productor que elevemos su situación al medio que hoy lo expone, ya que se siente impotente ante la medida que lo ha sometido al pago precitado y de cuya legalidad tiene dudas.

Oportuno es entonces que el Ministerio de Economía y Finanzas revise tal situación, y que las entidades correspondientes informen de manera puntual a los productores, para que no sean sorprendidos con medidas tan injustas. Si estas son las políticas de Estado para “incentivar” al productor, vamos mal.

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