PANAMÁ Y SU FRONTERA MARÍTIMA

Colisión en el Caribe: Fernando Gómez Arbeláez

Las desafortunadas declaraciones del presidente Ricardo Martinelli ofrecidas este 11 de septiembre en relación con la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe, determinada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su sentencia de 19 de noviembre de 2012, demuestran que la política exterior panameña se maneja sin reflexión, preceptos ni rumbo, sino en curso de estrellarse con principios y normas fundamentales de derecho internacional.

Según Martinelli, “parece ser que Nicaragua quiere tomar todos los océanos territoriales que le pertenecen a esos países”, en referencia a Colombia, Costa Rica, Jamaica y Panamá, que suscribirían una carta formulada por Colombia y dirigida a la ONU para denunciar las supuestas pretensiones marítimas nicaragüenses, “que están casi llegando a la ciudad de Colón”.

El Presidente parafraseaba así las palabras de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, que dos días antes había acusado a Nicaragua de acercar sus pretensiones “a la ciudad de Cartagena”. En un discurso del 9 septiembre, Santos, mal aconsejado por asesores políticos más que jurídicos, consideró a la sentencia de la CIJ, que es obligatoria, definitiva e inapelable, como “inaplicable” por Colombia. Parte de los argumentos esgrimidos fueron sustentados en normas de derecho interno colombiano, algo inadmisible de cara a las obligaciones internacionales de cualquier Estado. Santos citó el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su párrafo pertinente dispone que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”.

Para Santos, la sentencia de la ICJ es inaplicable porque corresponde a la modificación de una frontera marítima que no se realiza por medio de un tratado. Nada más equivocado: la Corte, que es el principal órgano judicial de la ONU, dictó su sentencia en el caso entre Nicaragua y Colombia “en virtud” de tratados como la Carta de la ONU y el Pacto de Bogotá de 1948, en los cuales Colombia expresamente le otorgó jurisdicción para decidir controversias internacionales, incluyendo las fronterizas. Además, la Constitución colombiana no “señala” límites marítimos específicos con Nicaragua, simplemente porque Colombia no tiene ningún tratado vigente que los establezca, de allí que fueron determinados, no modificados, por la misma Corte.

Cierto es que, luego de dictada la sentencia, el Gobierno nicaragüense y en especial su presidente, Daniel Ortega, han cometido graves errores diplomáticos en sus actuaciones respecto a Colombia y Costa Rica. Han tensado relaciones y atizado conflictos políticos al insinuar futuras reclamaciones a la primera y exigencias sobre Guanacaste –territorio costarricense desde 1824– a la segunda. Han empezado a formalizar la explotación de hidrocarburos mediante concesiones en el mar Caribe. Pero ninguno de esos errores concierne a las claras obligaciones colombianas que surgen de la sentencia de la CIJ y más relevante aún, ninguno concierne a Panamá.

En 1976, dado que sus zonas marítimas son contiguas, Panamá y Colombia suscribieron el Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas que demarcó la frontera conjunta. Con este fin aplicaron en cierta medida el principio de equidistancia entre las costas de ambos países en el archipiélago de San Andrés. Siendo bilateral, ese tratado solo obliga a Panamá y a Colombia, no siendo de beneficio ni aplicación para Nicaragua. Desde su sentencia de 2012, tras haber negado a Colombia un amplio sector de las zonas marítimas con las que Panamá, bajo el tratado, colindaba en el Caribe –sector que tampoco le ha sido reconocido o asignado a Nicaragua– la CIJ implica que en este no puede haber una frontera marítima colombo-panameña.

Las consecuencias para Panamá de la eventual sentencia en este caso fueron advertidas por el suscrito en diversas publicaciones en la prensa local, entre 2006 y 2008. En ellas exhortaba: “No dejemos para última hora una defensa nacional que después, por incapacidad y negligencia, nos puede costar territorial y económicamente en grande”. Entonces veía necesario “que Panamá reaccione y se prepare ante la inminencia de una sentencia de fondo, considerando incluso participar como Estado interviniente en La Haya para exponer ante la Corte su posición y sus títulos de soberanía”. Las advertencias fueron ignoradas y el país se desentendió por completo del caso. Panamá nunca intervino para defender sus intereses marítimos, como permite el Estatuto de la CIJ en situaciones de terceros Estados con similares intereses de orden jurídico.

Días después de ser dictada, la Cancillería expresó en un enérgico comunicado que la sentencia de la CIJ no afectaba los intereses panameños en el Caribe, pero que la analizaría en detalle. Pasados 10 meses, la Cancillería no ha vuelto a pronunciarse, quizá porque aún la analiza. En las actuales circunstancias, el Gobierno debe manejarse con extrema cautela entre países vecinos en conflicto. Utilizando al derecho internacional como su mejor defensa, no puede patrocinar un incumplimiento por parte de Colombia de la sentencia de la CIJ, como tampoco olvidar que nuestro nuevo vecino en el Caribe es Nicaragua, con quien tendremos que negociar, en un futuro cercano, una nueva frontera marítima. Una que por equidistancia sea probablemente más cercana a las costas nicaragüenses que la negociada con Colombia en 1976.

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