POLÍTICAS PÚBLICAS

Complacencia e irresponsabilidad: Franklin Castrellón

Con frecuencia escucho a voceros y “gladiadores” del gobierno repitiendo frases que intentan inyectar en los electores una especie de complacencia por los presuntos logros de esta administración. Digo presuntos, porque no considero una obra que se ejecuta a varias veces su costo real como algo digno de reconocimiento.

Uno de los primeros “grandes logros” que este gobierno reclama para sí es el grado de inversión otorgado por las calificadoras Fitch Ratings (marzo de 2010), Standard & Poor´s (mayo de 2010) y Moody´s (octubre de 2012), que fue el resultado de la acumulación de medidas dirigidas a sanear las finanzas públicas e impulsar el desarrollo desde el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994). Él recibió un país en bancarrota, con un crecimiento negativo de 4%, y una contracción casi cuatro veces superior a la de 1988. Gracias al Plan Ford y a la gestión fiscalizadora del contralor Rubén Carles, el país logró crecimiento económico y mejoría sustancial en las finanzas públicas.

En el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se impulsaron reformas estructurales que abarcaron desde la privatización de empresas públicas hasta el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio, y se adoptaron medidas en esa dirección. Se creó el Ministerio de Economía y Finanzas, producto de la fusión de los ministerios de Hacienda y Tesoro y de Planificación y Política Económica, para un mejor manejo de las finanzas públicas.

El gobierno de Mireya Moscoso subió los aranceles para detener el impacto adverso que tuvo la reducción arancelaria de Pérez Balladares sobre el productor agropecuario. Si bien durante su gestión se estancaron las reformas, tiene a su crédito haber aprobado cambios al sistema de pensiones y al régimen tributario, y la ley de responsabilidad fiscal. Además, desarrolló una vigorosa política social y estimuló el diálogo sobre temas de Estado.

En la gestión de Martín Torrijos se implementó la Visión Estratégica de Desarrollo y Empleo hacia 2009, que incluyó la reforma fiscal y el saneamiento de las finanzas, una reforma para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones, el fortalecimiento de las exportaciones y la modernización del Estado. El plan pretendía alcanzar el grado de inversión en 2009, pero su ejecución perdió fuerza después de los dos primeros años. Bajo su gobierno se hizo el referéndum que culminó con la aprobación de la ampliación del Canal. Según estudios económicos, durante su ejecución, que concluirá en 2014, esta obra añade cerca de dos puntos anuales al producto interno bruto del país.

Cuando asumió el gobierno de Ricardo Martinelli, en 2009, Panamá venía liderando el crecimiento de la región desde 2007. La aprobación, en marzo de 2010, de la reforma fiscal mejoró las recaudaciones tributarias, pero cargándole el peso a la clase media. Esta acción terminó de allanar la vía para la calificación de grado de inversión. Dos años antes, 2008, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) recibió esa distinción. Gracias a estos hechos, el gobierno cuenta con enormes recursos para financiar obras públicas, muchas contratadas a sobrecostos; pero su afán por ejecutarlas, incluso apelando a un desenfrenado endeudamiento, ha sobrecalentado la economía, con grave impacto en el costo de vida. La complacencia, rayando en euforia, por estas obras se intenta transmitir al electorado a través de una costosa campaña publicitaria.

Y mientras la complacencia se apodera del gobierno, este deja a un lado acciones necesarias para que el país se desarrolle como centro logístico regional. En febrero de 2012, Martinelli creó un gabinete logístico sin liderazgo, y allí murió la iniciativa. El gabinete no se ha dado cuenta de que para desarrollar el potencial que nos brindará el Canal ampliado, Panamá debe corregir la ausencia de un plan maestro para integrar los servicios marítimos, la persistencia de procesos burocráticos, la falta de sinergia en los servicios y la percepción de que el hub logístico de Panamá es caro e ineficiente.

Y para agravar la situación, se aprobó una ley que prácticamente prohíbe a los extranjeros invertir en la industria marítima auxiliar, lo que –según juristas– viola los tratados comerciales suscritos por Panamá y la ley sobre estabilidad jurídica de las inversiones. Mientras ello ocurre, vecinos como Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Jamaica se preparan para aprovechar las oportunidades que abrirá el Canal ampliado. La ACP identificó más de media docena de proyectos cuya ejecución permitiría darle valor agregado al Canal ampliado e impulsar el desarrollo nacional. Entre ellos parques logísticos, terminales para carga rodante y gas natural licuado, un astillero para buques pospanamax, sendas terminales de portacontenedores e hidrocarburos, y servicios de barcazas para el trasbordo de contenedores y transferencia de carga a granel entre buques. La materialización requiere de un esfuerzo concertado y seguridad a la inversión extranjera. Lamentablemente, todo indica que tendremos que esperar un nuevo gobierno para que un tema tan vital sea atendido. ¡Ojalá no sea tarde!

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