CAMBIOS NECESARIOS

Constitución e instituciones: Gil Moreno

Aquí en Panamá, por lo que se ve, no existe una verdadera democracia, lo que sí hay es una profunda crisis institucional. Y esto no es nuevo, esto viene desde los gobiernos anteriores (ahora se ha agravado), porque nuestra propia Constitución cae en contradicciones muy grandes cuando expresa que el poder solo emana del pueblo y que lo ejerce el Estado, conforme a la propia Constitución lo establece por medio de los órganos Legislativo. Ejecutivo y Judicial, los que actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

Esto no es cierto, porque en la práctica no se aplica, y voy a citar unos ejemplos: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los procuradores no son independientes ni gozan de autonomía, como algunos ingenuos creen; son escogidos por el Consejo de Gabinete, controlado por el Presidente de la República (Ejecutivo) y ratificados por una Asamblea Nacional casi siempre desprestigiada y sumisa al gobierno de turno.

En esas condiciones estos funcionarios se deben a quienes los han seleccionado, porque no tenemos que olvidar que estas personas son nombradas por un período de 10 años y con un sueldo jugoso, una especie de privilegio o canonjía que no se le concede a cualquiera. De ahí que estos personajes, tan poderos, estén tan agradecidos con la persona que los escogió (que no es otro que el Presidente de la República ) y no van a defraudarlo ni se irán en contra suya por nada del mundo.

Estas son las cosas que hay que cambiar en nuestra Constitución, porque se han hecho ya muchas reformas y no se toca el aspecto fundamental que es el de la verdadera separación de los poderes, de suerte que el poder Ejecutivo no tenga nada que ver con el nombramiento de magistrados, el contralor o el director de la Caja de Seguro Social, porque son atribuciones que no le corresponden.

Llaman la atención las palabras del representante de la Iglesia católica en Panamá, arzobispo José Domingo Ulloa, al referirse al momento actual: “No permitamos que en Panamá, que nos pertenece a todos, impere la descalificación y la tiranía del silencio; no más ciudadanos inertes, esperando que lleguemos al despeñadero en el que impere la descomposición social”.

No cabe duda de que estas palabras del arzobispo José Domingo Ulloa van endilgadas, principalmente, a Ricardo Martinelli, que como Presidente de la República ha llevado el país –como él mismo dice– al despeñadero, a situaciones extremas de confrontación de panameños contra panameños; un país en donde no se respeta ni la justicia, ni la moral ni las instituciones democráticas, porque pareciera que lo que impera es el juega vivo y la habilidad.

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