CONSIDERACIÓN RAZONADA

Constituyentes ´paralelas´ y originarias: Carlos Guevara Mann

La propuesta de gobierno de la alianza “El pueblo primero” contempla la convocatoria de una asamblea constituyente “paralela” con el fin de “fortalecer la separación de poderes, impulsar la descentralización del poder público y garantizar el desarrollo sostenible con equidad”. De acuerdo con el presidente electo, Juan Carlos Varela, el proceso de convocatoria arrancará el 1 de julio de 2015 (La Prensa, 13 de mayo).

Este compromiso encaja dentro de lo estipulado en el artículo 314 de la Constitución vigente, según el cual “podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela”.

El asunto merece una consideración razonada. En primer lugar, hay que señalar que la calificación de “paralela” no tiene sentido jurídico, como lo indica una sencillísima consulta al diccionario. Como adjetivo, la palabra “paralelo” tiene dos acepciones: una pertenece a la geometría y no al derecho (“Dicho de dos o más líneas o planos: equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse”); otra pertenece al uso común (“Correspondiente o semejante”).

¿Asamblea constituyente “correspondiente”? ¿Asamblea constituyente “semejante”? ¿Qué habrán querido decir quienes redactaron y aprobaron, en 2004, el texto del artículo 314? La lectura del citado precepto indica que pretendieron introducir un tercer método para reformar la Constitución, mediante una convención elegida específicamente para este propósito, que se limitara a dicha función y no se atreviese a tomar medidas más allá de las de modificar la ley fundamental.

El propósito ulterior, evidentemente, es distinguir el tipo de constituyente prevista en el artículo 314 de una constituyente originaria, genuina o soberana. De acuerdo con la teoría tradicional del poder constituyente, enunciada inicialmente en Francia –en los albores de la Revolución– la asamblea constituyente es una reunión de representantes extraordinarios de la Nación quienes, actuando sin más limitación que la que impone el derecho natural, se congregan para adoptar la ley fundamental del Estado.

La constituyente originaria no está sujeta a ninguna constitución; ejerce su poder constituyente como una potestad absoluta y se atribuye un carácter soberano que le permite, si lo estima conveniente, tomar otras determinaciones –más allá de reformar la Constitución o dictar una nueva ley fundamental– para encaminar al Estado por senderos que sus mandantes (los electores) juzguen adecuados.

Esto es lo que busca evitar el artículo 314. Señala, claramente, que “La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los períodos de los funcionarios elegidos y designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución”.

Especialistas en materia constitucional opinan que pretender restringir de esta manera las atribuciones de la asamblea constituyente equivale a desvirtuarla y convertirla en una caricatura. La constituyente “paralela” serviría para mantener el statu quo, cuando lo que se busca es cambiarlo, pues el statu quo no solo es inconveniente, sino que –como lo hemos visto– contiene elementos que conducen al descalabro nacional.

La constituyente “paralela” patrocinaría, además, el ejercicio de funciones públicas por muchos individuos incompetentes y corruptos que actualmente las desempeñan malamente y que han accedido a sus cargos mediante el tráfico de influencias, el clientelismo y los vínculos con el crimen organizado. Haciéndose eco del clamor popular, el propio presidente Varela ha pedido algunas renuncias, pero lo que correspondería es una renovación completa y ordenada de los cargos públicos, algo que solo puede hacerse con plena legitimidad a través de una asamblea constituyente.

Como puede verse, este es un tema delicado, que debe atenderse con prioridad y cuidado. Muchos ángulos adicionales deben tomarse en cuenta, pero quizás convendría que el nuevo gobierno partiera por preguntar al electorado, en un referéndum, si quiere una constituyente “paralela”, como lo dispone el artículo 314, o una constituyente originaria, con capacidad para darle un giro positivo al Estado panameño y enrumbarlo por las sendas del “desarrollo sostenible con equidad” al que alude el programa de gobierno del presidente Varela.

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