SISTEMA PENITENCIARIO

Construir castillos caros no es la respuesta: James Cavallaro, María Luisa Romero y Clara Long

Hoy está en Panamá el Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil. Además de presentar el Informe Regional sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, el comisionado conocerá de cerca la realidad actual panameña. Desafortunadamente, encontrará un sistema que continúa al borde del colapso, mal administrado, saturado de corrupción y obsesionado con la construcción de cárceles gigantescas y costosas. Demasiado costosas.

¿Por qué este diagnóstico? Hace dos años, bombas lacrimógenas lanzadas por policías causaron un incendio que mató a cinco jóvenes detenidos; un video mostró a los policías que se burlaban de las víctimas en vez de socorrerlas. El mes pasado, una mujer falleció en la celda de máxima seguridad en el Centro Femenino en circunstancias aún no esclarecidas; según las internas, murió porque no recibió atención médica. Ante ambas tragedias, en vez de enfrentar las causas reales, el Gobierno ha respondido con propuestas para construir más cárceles. En el caso del Centro Femenino, la propuesta establece la demolición de un presidio que no es ideal, pero es uno de los mejor estructurado del país.

¿Cómo así...? ¿Mueren jóvenes y una mujer detenidos, y quieren demoler y construir cárceles?

Desde 2007, las Clínicas de Derechos Humanos de Harvard y, después, la de Stanford, investigan las condiciones penitenciarias panameñas y advierten que la crisis no será resuelta con la construcción de más centros. Desde la publicación de un primer informe en 2008, hemos llamado la atención a problemas estructurales, tales como policías dentro de las cárceles, en vez de profesionales civiles; abusos físicos y verbales contra los reclusos; marcadas desigualdades entre las condiciones de los detenidos y una corrupción imperante.

En el último año, hemos realizado tres misiones para visitar centros panameños. Los principales problemas, como la corrupción, la falta de custodios y de médicos, las demoras para llevar a los detenidos a las audiencias, persisten. Reconocemos que el Gobierno invirtió en una nueva academia penitenciaria y que se sacó a los policías de algunos centros. Pero el cambio emblema de este gobierno –que cuestionamos fuertemente– ha sido el desarrollo de la Nueva Joya, una megacárcel con un costo de $160 millones para 5 mil 500 privados de libertad, que aspira a ser la más grande del continente.

¿Por qué lo cuestionamos? Un ejemplo: la Penitenciaría Carandiru en Sao Paulo, que mantenía la distinción infame de ser la más grande de Suramérica por muchos años, fue la sede de una masacre de 111 detenidos y varios motines gravísimos, antes de ser clausurada. Las megacárceles no cumplen con las recomendaciones de las Reglas Mínimas de la ONU sobre el tratamiento de los reclusos, ni con las normas universalmente aceptadas en la materia. Además, hay consenso en que los centros penitenciarios más pequeños tienden a ser menos violentos, más seguros y menos susceptibles a ser controlados por pandillas; contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos operativos de administración.

Funcionarios panameños han viajado múltiples veces a República Dominicana, cuyo “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria” Panamá, supuestamente, utiliza como ejemplo en esta materia. Hemos visitado el país caribeño y resulta que el centro más grande del nuevo modelo tiene capacidad para mil 200 internos y costó menos de $7 millones. Es decir, Panamá está gastando $160 millones en lo que se podría obtener por mucho menos. Invertir tantos recursos en construcciones gigantescas mientras se desatienden los problemas reales es, en el mejor de los casos, una pésima política penitenciaria. Puede que sea mucho peor.

Hablemos de políticas serias. El Gobierno debe invertir en personal penitenciario idóneo y capacitado para reducir los abusos policiales y mejorar la seguridad, atención médica y rehabilitación. En recientes visitas a las cárceles, la Clínica de Stanford fue testigo de la falta de custodios, equipo técnico y médicos; en el Centro Femenino, por ejemplo, dos mujeres requerían atención médica urgente, pero la doctora asignada no estaba. Este tipo de problema, que puede resultar en tragedias como la de mayo pasado, no se resuelve con infraestructura.

El Gobierno debe invertir tiempo y recurso humano para formular políticas públicas que ataquen las raíces de la crisis penitenciaria, incluyendo los altos niveles de encarcelamiento y detención preventiva, los lentos procesos judiciales y la corrupción. El Centro Femenino actualmente alberga alrededor de 70% de internas sin condena; otros mantienen índices parecidos. Ese tipo de injusticia, producto de un sistema judicial ineficiente y con moras imperdonables, no se resuelve con infraestructura. Ojalá, con el comisionado Escobar Gil pueda haber una discusión seria sobre las reformas penitenciarias necesarias, no una cortina de humo promovida por las autoridades sobre la construcción de castillos caros en el aire.

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