DERECHO COLECTIVO

Corrupción, problema de Estado y del ciudadano: Maruquel Castroverde C.

Universalmente el mundo se sacude en el clamor de cambios éticos sustanciales en la gestión de la cosa pública. El impacto de los actos de corrupción en la calidad de vida de los asociados es incuestionable. Se reduce la capacidad de atención de las necesidades básicas del conglomerado, agua, salud, educación.

El movimiento de los indignados es una muestra de la revolución que se está posicionando en el pensamiento del ser humano social, que no se limita ya a la plática coloquial entre vecinos, amigos o parientes comentando la cuenta interminable de sus injusticias y miserias. La condición de ciudadano conlleva, en efecto, el derecho de levantar la voz, ser uno y sumarse a la gran masa que sufre, y ya no callada. La colectividad persigue ser escuchada y que la ley, que en papel le ampara, prometiendo bienestar general, se cumpla.

El instrumento internacional por excelencia, referente obligado en el combate a la corrupción intra y extra fronteras, es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que se agregó al ordenamiento jurídico del foro, mediante la Ley 15 de 10 de mayo de 2005. Su normativa está orientada a promover el respeto de valores fundamentales para la convivencia ciudadana en democracia: integridad, honorabilidad, honestidad, justicia, y respeto al imperio del derecho.

Entre las medidas de prevención del delito, contempla la aplicación de códigos de conducta para los funcionarios públicos (Art. 8); sistemas apropiados de contratación pública y gestión de la hacienda pública, basados en la transparencia, competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones (Art. 9); adopción de fórmulas para reforzar la integridad en el Poder Judicial y Ministerio Público (Art. 11), equivalentes en el sector privado en normas contables y de auditoría (Art. 12); fomentar la participación activa de individuos y grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y con base en la comunidad (Art. 13) y otras, respecto del blanqueo de dinero.

La Convención que comento no solo elabora sobre medidas de prevención, sino que registra distintas formas de corrupción (Cap. III) que es menester señalar aquí; encuentran en su mayoría adecuación en el Código Penal vigente (capítulo II, Arts. 345-350).

En las cuatro fiscalías anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, con jurisdicción nacional, y los despachos que siguen los sumarios por delitos de corrupción en los distritos judiciales del interior, a nivel de circuito y municipal –es menester indicar– observamos en el desempeño de nuestras labores el Código de Ética del servidor público, aprobado por Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004, cuyas disposiciones orientan nuestros esfuerzos al investigar, persiguiendo que sean juzgados quienes aparezcan incriminados, por los medios de prueba acumulados en antecedentes durante la investigación.

Nos asiste la convicción de que con estas conductas punibles, un plus de daño se agrega a la transgresión del bien jurídico tutelado por la norma, por cuanto los perjuicios se extienden a un gran número de personas. En adición, la compensación al Estado por los sentenciados culpables es excepcionalmente oportuna y completa. La empresa, por tanto, es ardua. Supone múltiples desafíos.

El trabajo en equipo interinstitucional –debo subrayar aquí– es clave para combatir la percepción de impunidad, tanto como para registrar los distintos informes que dan seguimiento al comportamiento del sector justicia en estos casos, en las estadísticas más consecuentes con la voluntad que se declara en un discurso y luego se hace ley de la República. De ahí que se impone en gobernantes y gobernados asumir el compromiso permanente de autoevaluación, el repaso acucioso del cumplimiento o incumplimiento de las cargas que nos corresponden, individuales y colectivas.

El estado de la situación mundial, y el nuestro, como país en el bloque latinoamericano –que pareciera destinarnos a la bonanza por el sostenido crecimiento económico per cápita– demanda la determinación de apuntarnos en la fila de quienes estamos dispuestos a combatir, con firmeza, todas las formas de corrupción; desde nuestras distintas posiciones de liderazgo en la vida de servicio público, en los espacios de activismo unitario, de familia, de vecindario u organizados en la sociedad civil.

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