CASO CEMIS

Corrupción ‘versus’ detención

Leo en los medios que un corredor de aduanas declaró el valor de un vehículo de lujo muy por debajo del precio real, para que su propietario tuviera que pagar mucho menos impuesto; que los comerciantes presentaban constantes denuncias sobre supuestas coimas que cobraban los representantes de corregimiento, para dar el “visto bueno” a sus solicitudes de abrir bares y cantinas; que gran parte de los contratos realizados por el Prodec denotan irregularidades; y que se ha reabierto un caso penal conocido como Cemis, en el cual se investiga el supuesto pago de coimas para dos situaciones distintas, harto conocidas. Todos estos casos, tienen un común denominador: la supuesta entrega de un beneficio indebido, a un servidor público para que ejecutara o dejara de ejecutar un acto relacionado con sus funciones o para que ejecutara un acto contrario a estas.

¿Y cómo reacciona la población y el ciudadano común ante estos señalamientos? Por supuesto, pidiendo pena de cárcel para quienes cometieron dichas conductas delictivas.

Al margen de adentrarme al análisis de cada caso en particular, lo que me resulta imposible por no contar con los elementos probatorios de cada uno de ellos (y por respeto a varios principios procesales), lo que sí puedo hacer es el recuento de cómo nuestra legislación ha atendido la penalidad para los casos de corrupción, es decir, con qué sanción se ha castigado el delito de corrupción en las últimas décadas. Este recuento tiene dos objetivos: en primer lugar, determinar si contra tales conductas cabe la detención preventiva y, en segundo lugar, sugerir lo que corresponde hacer, si lo primero resulta negativo. Antes, debo aclarar que la corrupción (el ofrecimiento, pago o solicitud de la coima), se da con dos propósitos distintos: uno es para que el servidor público realice (o deje de realizar) un acto propio de sus funciones (se le paga para que haga algo que le corresponde hacer) y el otro es para que realice un acto contrario a sus funciones.

En el Código Penal de 1982 se hacía la distinción si se trataba de uno u otro propósito; así, al que recibiera dinero u otro beneficio por un acto de sus funciones se le sancionaba con seis meses a dos años de prisión; y al que recibía el dinero u otro beneficio para ejecutar un acto contrario a sus deberes le cabía sanción de dos a cuatro años de prisión. En el año 2001, a raíz de la aprobación por Panamá de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, se prestó atención a este delito y se impusieron aumentos de pena; a partir de allí, se sancionó de igual forma, independientemente de si se trataba de la ejecución de un acto propio de sus funciones o contrario a ellas. De esta manera, el delito quedó con prisión de tres a seis años. Sin embargo, el Nuevo Código Penal, nuevamente registró una disminución en dicha sanción, ya que contempla una pena de 2 a 4 años de prisión.

¿Qué trae esto como consecuencia? Que, por regla general, no se puede ordenar la detención preventiva del servidor público que comete un acto de corrupción.

Ello por cuanto nuestra legislación procesal exige que el delito tenga pena mínima de cuatro años de prisión, para que proceda la detención preventiva.

¿Qué corresponde hacer? Retomar el tema y definir, como sociedad, qué queremos. Si la sociedad responde que quiere que los servidores públicos corruptos estén fuera de la cárcel hasta que sean condenados (caso en el cual posiblemente vayan a prisión), todo debe quedarse como está. Pero si la sociedad decide que esos coimeros que atentan gravemente contra la administración pública vayan a prisión mientras dura la investigación de sus casos, entonces habría que agravar la sanción de dos a cuatro años que en este momento está vigente para ese delito y subirla, mínimamente, de cuatro años en adelante. ¿Mi posición? La segunda, las razones sobran.

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