Costa Rica y su democracia ejemplar

En la justicia de la democracia auténtica, cierta, no simulada, no maquillada, cesan las inmunidades, mientras que en la justicia de las dictaduras o de las "dictablandas" prevalecen las impunidades

No existe la mínima duda de que la democracia es un sistema basado en normas morales y jurídicas, pero dichas normas descansan, igualmente, en la conciencia colectiva como suma de valores previamente afianzados y queridos por el ser humano. El hombre como ser político y social, se presume que es un ente dotado de virtudes que cobra mayor significado cuando es depositario de una confianza pública. Si el gobernante, por ejemplo, tiene un comportamiento impropio, inmoral o ilegal, no solo contradice e irrespeta los valores colectivos, sino que lesiona el prestigio y el significado del sistema democrático. Es que la jerarquía de los protagonistas de acciones corruptas crea entre los gobernados mayores confusiones, frustraciones y vergüenzas. Es natural que así sea, porque el pueblo delega en el gobernante no solo su confianza, su candor y su esperanza, sino que también delega lo más importante de un destino político o cargo político de primerísimo rango: la custodia del honor nacional. El honor nacional no se quebranta si un ciudadano insignificante ejecuta actos de corrupción. Pero si el actor es un Presidente de la República, elegido por el voto popular libre y democrático, sus actos deshonrosos son puñaladas al prestigio y a la tradición histórica de una nación. Esta realidad explica la reacción enérgica del presidente Pacheco, sin esperar solución judicial alguna, la que se produjo apenas examinó las pruebas que convertían en delincuentes a dos ex presidentes de la República. En salvaguarda del honor nacional, el presidente Pacheco solicitó a Rodríguez la renuncia del recién estrenado cargo de secretario general de la OEA, y en cuanto a Calderón solicitó que se tramitaran con rapidez las sumarias que debe adelantar el Ministerio Público. Y solicitó la renuncia para que en el seno íntimo de la patria, lejos de la caja de resonancia de un organismo internacional, Rodríguez y el fiscal respectivo dijeran sus palabras de defensa y de acusación.

Este primer comentario se agota con una reflexión adicional. La democracia no solo es un sistema de normas, también debe entenderse que la democracia no se encuentra inmunizada contra los errores humanos, de modo que este sistema político se resiente con los agravios o desaciertos humanos, pero no sucumbe si funcionan sus instrumentos institucionales de defensa.

Aquí entra en escena el segundo comentario referente a las lecciones que viene otorgando el sistema judicial de la democracia del hermano país. Los jueces y fiscales de la democracia de Costa Rica apenados, pero con energía, iniciaron las sumarias contra los ex presidentes Rodríguez y Calderón, y luego de comprobar la comisión de los actos de corrupción denunciados, ordenaron el arresto no de dos ex presidentes, sino de dos procesados. Sin duda fue una dura decisión por tratarse de dos figuras muy respetables en el pasado político –y por esa condición fueron elevados democráticamente al solio presidencial–, y también actuaron apenados porque eran conscientes del bochorno protagonizado por dos ciudadanos que en actos de perfidia traicionaron la misión superior de garantizar la majestad del honor nacional y de ser prudentes en el cumplimiento de la ley.

En este episodio de los fiscales y jueces que ordenaron el arresto de dos ex mandatarios se consagra la grandeza de la justicia de la democracia de Costa Rica y en su alcance se define la diferencia con la justicia de las dictaduras. En la justicia de la democracia auténtica, cierta, no simulada, no maquillada, cesan las inmunidades, mientras que en la justicia de las dictaduras o de las dictablandas prevalecen las impunidades. La democracia de Costa Rica no se desprestigió por las acciones corruptas de dos ex mandatarios. Ante esos actos de la debilidad humana, se irguió y se interpuso el deber superior de una democracia tradicional que puso a funcionar los instrumentos defensivos –de defensa social–, atendiendo solo el rostro de los delitos cometidos.

Por supuesto, la conducta del presidente Pacheco y la de los jueces y fiscales de la democracia contó con el apoyo multitudinario de un pueblo que salió en defensa de las mejores tradiciones democráticas y se unió en el gran compromiso de erradicar del campo de la política la siniestra influencia de la corrupción. En la historia de la América Latina, sobre todo en la historia de las dictaduras militares, no se ofrece un solo caso de un jefe militar condenado en su país natal por los tribunales castrenses. Es de esperar que los procesos seguidos a los ex mandatarios cumplan con todas las garantías procesales, como sin duda ocurrirá dada la independencia judicial que hay en el sistema constitucional de aquel país y en la prudencia de los otros órganos del Estado de no inmiscuirse en las funciones que no les son propias.

La democracia de Costa Rica ha dado una lección en defensa de la ley. También la ha dado en defensa del honor nacional, expresión espiritual de los valores morales de un pueblo y solo presente en las naciones con identidad de su ser. Por eso la democracia del vecino país tiene su grandeza, y la actuación de sus tribunales es digna del aplauso de la comunidad internacional.

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