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EL DEBATE SOBRE LA PENA DE MUERTE

Crimen y castigo: Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –En los últimos meses he estado viendo temporadas completas de dos series de televisión que tratan de la investigación psicológica de serial killers [asesinos en serie]. Hay un programa en Estados Unidos que se llama Criminal Minds [Mentes criminales] y hubo uno británico titulado Wire in the Blood [Alambre en la sangre]. Aunque cada episodio de estos programas muestra crímenes absolutamente espantosos (frecuentemente cierro los ojos), lo interesante es ver cómo los investigadores siguen las pistas psicológicas para identificar y capturar al asesino. Ante lo atroz de los crímenes, el televidente se refugia en la certeza de que son casos ficticios.

Por ello, con horror leí la semana pasada que lo ficticio se había hecho realidad en La Chorrera. No necesito repetirles los detalles, que son desgarradores. Basta con decir que fue un crimen espantoso que ha dejado luto en la comunidad china. Todo Panamá comparte su dolor.

El supuesto asesino o autor intelectual, según nos dicen las autoridades, ha confesado. Quizás sea cierto, pero creo prudente tener en mente que muchas confesiones falsas son obtenidas por tortura o coerción y que el manejo que las autoridades le han dado al caso está siendo cuestionado.

Pero si aceptamos, al menos por ahora, que la confesión es válida y veraz, se nos presenta el dilema de decidir cuál es el castigo justo por un crimen tan cruel. Las familias reclaman justicia, obviamente, y la sociedad panameña también.

Temo que algunos dirán que este caso es emblemático de por qué Panamá necesita la pena de muerte. Si se comprueba más allá de toda duda razonable que el acusado es culpable, es imposible tenerle un ápice de simpatía. Tampoco se puede negar la lógica intrínseca de que quien le quita la vida a otro deberá pagarlo con su propia vida.

En Panamá, sin embargo, esa no es una idea viable. En primer lugar, la Constitución prohíbe la pena capital y Panamá está suscrita a convenciones internacionales que también la prohíben; habría que comenzar por enmendar la Constitución y deshacernos de los compromisos internacionales.

En segundo lugar, aunque se aprobara la ley que el diputado Marcos González ha propuesto, no veo cómo sería aplicable a un delito cometido con anterioridad. Es un principio universal que las leyes penales no son aplicables retroactivamente. Y, en tercer lugar, que este acusado en particular merezca o no la pena capital, no nos debe llevar a querer aplicarla al por mayor ni a poner semejante poder en manos del Estado. Dicho de otro modo, el deseo de linchar a este acusado no nos debe llevar a tener una sed generalizada de linchamientos ni nos debe llevar a permitir que el Estado tenga poder de vida o muerte sobre todo el pueblo panameño.

Está muy bien que algunos se opongan a la pena capital, por razones de religión o moral, pero mi motivo para oponerme es el temor de ejecutar a una persona inocente, junto a la certeza de que la pena será aplicada con sesgo racial, político y socioeconómico (como ocurre en Estados Unidos). Además, Panamá dista enormemente de tener un sistema confiable de justicia –¿quién lo puede negar?– por lo que no veo cómo estamos en condición de crear una pena de finalidad irreversible, una que el mundo considera como un barbarismo. Aprobar la cadena perpetua sería menos malo, pero ya tenemos unas penas máximas que casi equivalen a cadena perpetua; lo que sí se debe hacer es permitir la acumulación de penas para que ningún crimen le sea “gratis” al criminal.

No obstante, es justo que tomemos el crimen en La Chorrera como un caso emblemático. La reacción sensata sería empeñarnos en fortalecer a las agencias policiales que, según leo, pudieron y debieron haber actuado mucho más competentemente, y fortalecer también un sistema de justicia penal que necesita confiabilidad, más que nada.

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