CORRUPCIÓN ESTATAL

Crimen organizado y política: Carlos Guevara Mann

La penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado es una amenaza grave para la sociedad, que tiene antecedentes históricos importantes en nuestro medio. Esta penetración se logra a través de políticos inescrupulosos o servidores públicos corruptos cuyo objetivo es el enriquecimiento personal, no el bienestar colectivo.

Al menos desde finales de los años 40, la Policía Nacional estuvo asociada a elementos mafiosos nacionales y extranjeros para producir ingresos ilícitos. En su estudio sobre la llamada “era de Remón”, el autor estadounidense Larry Pippin menciona los negociados del expendio de gasolina y el sacrificio de ganado, así como de la prostitución y el narcotráfico, en que participaba el organismo armado.

Según Pippin (The Remón Era, 1964, pág. 8), Remón estuvo involucrado “en el movimiento de narcóticos a través del istmo desde las áreas de producción hacia las áreas de consumo en otras partes del mundo, normalmente desde Bolivia hacia Estados Unidos”. Más recientemente, el profesor Thomas Naylor, de la Universidad de McGill, expuso en su libro Economic Warfare (1999) la participación de la Guardia Nacional en una serie de actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, la trata de blancas y las apuestas clandestinas (pág. 299).

Tras el cuartelazo de 1968, los militares golpistas convirtieron al Estado panameño en una plataforma para el crimen organizado. No satisfechos con saquear el erario, pusieron las estructuras del Estado al servicio del tráfico de armas y de drogas, el contrabando de otros artículos y numerosas estafas y fraudes internacionales.

La “carrera” del último dictador, hoy cómodamente instalado en El Renacer, ejemplifica estos señalamientos. Se vinculó al narcotráfico a principios de la década del 70, siendo jefe del G-2. Posteriormente, participó en el contrabando de armas a los grupos insurgentes centroamericanos.

Se asoció al cartel de Medellín a principios de los años 80, a partir de lo cual este grupo mafioso tuvo acceso irrestricto al centro bancario panameño, algunas de cuyas entidades participaron activamente en el blanqueo de los capitales de la droga. Cuando se entregó a las fuerzas estadounidenses luego de la invasión de 1989, fue juzgado en Miami por delitos relacionados al narcotráfico y condenado a 40 años de prisión.

El desalojo de la dictadura creó en la ciudadanía la expectativa de que el crimen organizado no tendría, en adelante, cabida en los procesos políticos y las actividades administrativas del Estado panameño. Sin embargo, al sector que tuvo a su cargo la transición democrática y, luego, la conducción del país le faltó la voluntad y la firmeza para sanear el Estado, sobre todo a partir de la depuración del sistema judicial.

Mal puede una república cuyo sistema judicial es ineficiente y corrupto combatir con efectividad el crimen organizado e impedir que su influencia penetre la política y la administración pública. Con el paso de los años la situación se ha agravado al punto de que algunos escenarios de la política panameña parecen más una guerra entre pandillas que un debate civilizado entre estadistas comprometidos con el desarrollo nacional.

Con preocupante frecuencia circulan alusiones a la participación de tal o cual político o funcionario en actividades delictivas. Se habla de bandas y grupos criminales con preocupante cotidianidad.

Se menciona a mafias de todo tipo, identificadas por la nacionalidad de sus integrantes (la mafia rusa, mexicana, china, colombiana, japonesa, italiana, neoyorkina, centroamericana) o los artículos que trafican (la mafia de la droga, de las armas, de la migración, del abanderamiento de naves y hasta del cocobolo, como lo denunció La Prensa el 4 de mayo de 2012).

Meses atrás, el ministro de Seguridad Pública exteriorizó su preocupación “de que el dinero proveniente del narcotráfico se filtre en las campañas políticas” (La Prensa, 28 de junio). Lastimosamente, no proporcionó evidencias y el Ministerio Público no ha dado señales de seguimiento a este asunto tan sensible y pernicioso para el país.

El riesgo es que por la inacción de las autoridades y la complicidad de algunos funcionarios y políticos, Panamá vuelva a ser, como en el tiempo de los militares golpistas, un narcoestado cleptocrático, con la secuela de violencia, corrupción e injusticia que ello implica.

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