GOBIERNO

Crisis institucional, riesgo para la gobernabilidad: Ana Matilde Gómez R.

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La experiencia demuestra que todas las crisis institucionales tienen su punto de partida en la corrupción, simbiosis macabra de poder político y de codicia mercantil. Su hegemonía degrada los principios de autoridad, legalidad, legitimidad y eficacia del derecho y desvertebra la efectividad de la justicia.

Por lo tanto, allí donde las instituciones son permeadas por la corrupción, el colectivo se convierte en una sociedad indeseable en sí misma, un espacio de vida donde la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una sociedad justa y buena.

La corrupción hace metástasis cuando destruye la solidaridad ciudadana y la credibilidad en las instituciones, cuando el Estado evidencia su progresiva incapacidad para gobernar y evitar su fragmentación geográfica, social y política, cuando ya no está en grado de garantizar el uso legal y correcto de los fondos y bienes públicos ni asegurar la vida y honra de los ciudadanos.

En el año 2010, cuando el Ejecutivo panameño se tomó la Procuraduría General de la Nación, advertí de que el señor Ricardo Martinelli no solo revelaba con esa orden la naturaleza autoritaria de su cultura de mando y desnudaba su impronta mafiosa por la que toda necesidad social fue convertida en oportunidad para robar, sino que le dijo al crimen común, y al organizado en particular, que corromper la política era el negocio más rentable desde el cual todos los demás negocios eran posibles, que la impunidad era una mercancía en venta al mejor postor y que para incursionar con éxito en la relación público-privada había que corromper los partidos, franquicias mercantilizadas carentes de valores, de ideología y de propósitos sociales solidarios.

Esta y no otra, es la génesis de la crisis institucional con atisbos de ingobernabilidad que vivimos y que padeceremos con mayor intensidad si no exigimos correcciones.

En la corrupción subyace una subordinación tóxica de la política al poder económico que conduce a una crisis sistémica en la que la política, además de perder su predominio en las decisiones de interés general, cede su autonomía para fijar las reglas y queda sin posibilidad de ejercer la coerción para hacerlas respetar.

Esta inversión de la primacía de la política sobre la economía, implícita en la corrupción, conlleva un debilitamiento de las barreras jurídicas, morales y éticas que frenan y regulan la actividad de los individuos. En este contexto, las fuerzas ajenas a estos límites actúan sin reparo y recurren a cualquier medio para alcanzar sus propios fines.

La desafortunada y terrible gestión de un grupo mafioso de servidores públicos y empresarios, ha puesto en evidencia el alcance del daño sistémico de la corrupción y ha demostrado el grave daño que la mercantilización de la política y la impunidad generan a la gobernabilidad, cuando la comunicación entre gobernantes y gobernados se corrompe.

Esta ruptura del equilibrio entre política y ética, entre interés general e interés particular, ha también puesto de manifiesto la desorientación y las reticencias del sistema-país para corregir el rumbo antes de cruzar el punto de no retorno.

Toca ahora, de manera urgente, con mayores y mejores formas de participación ciudadana, fortalecer las instituciones, transparentar la gestión pública, respetar, de verdad, la separación de los poderes, blindar la libertad de expresión, combatir la corrupción y cerrar espacios a la impunidad.

Lograr esto sería el paso necesario para transitar a una sociedad más justa y humana, que se ponga a tono con el estado de alerta que le impone el control de su soberanía, frente a las amenazas globales y regionales del crimen organizado transnacional y su definitivo alejamiento de los modelos corruptos de ingobernabilidad.

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