DIGNIDAD HUMANA

Criterios en la aplicación de la pena: Hipólito Gill Suazo

Cuando una persona es condenada por la comisión de un delito no se convierte –para usar la expresión de un penalista francés– en un extraterrestre. El condenado no pierde todos sus derechos como consecuencia de la pena impuesta, pues conserva entre otros los que son inherentes a su condición y dignidad humana. La pena priva al condenado solo de los derechos que son connaturales con la pena impuesta. Para evitar malentendidos, debemos de aclarar que no se trata de defender la comisión de delitos, por cuanto que la sanción es la consecuencia del delito.

El objeto del presente análisis está interesado en conocer las interioridades de la sanción penal que merece la persona que ha sido condenada por la comisión del delito. El condenado, la víctima y, los ciudadanos en general, estamos interesados en conocer los criterios, mecanismos e instrumentos dispuestos por la ley, y que ha utilizado el juzgador al momento de dictar la sentencia y, específicamente la pena de prisión, por representar –entre nosotros– la respuesta más grave ante la comisión de un hecho delictivo.

La responsabilidad de aplicar una sanción penal a un conciudadano no ha sido nunca un asunto fácil. En El criminalista, el profesor Luis Jiménez de Asúa se refirió a los conocimientos, condiciones y cualidades que debía reunir el juez penal, no solo en cuanto a definir la responsabilidad penal, sino a la sanción que le correspondía al imputado. El profesor consideraba que sobre este profesional del derecho pesaba una gran responsabilidad individual y social, en la medida en que tenía que decidir sobre la suerte de otro ciudadano, que incluso en algunas legislaciones, era tan grave que implicaba la decisión de vida o muerte del condenado.

Por la complejidad del asunto, algunos propusieron en su oportunidad, como una alternativa que podía adoptar el sistema judicial y penal, recurrir a una división del procedimiento, con el objeto de distribuir la facultad de decidir la culpabilidad y la de imponer la sanción. De acuerdo con esta propuesta, al juez penal le correspondía decidir sobre la responsabilidad o culpabilidad del individuo, mientras que la tarea de imponer y adecuar la sanción, era una actividad encargada a un grupo de especialistas –que por su formación poseen algunos profesionales de las ciencias sociales– que conocieran el pasado, el presente y el pronóstico del condenado. Es decir, el trasfondo existencial y humano del individuo.

Lo cierto es que en la actualidad el juez penal está encargado de definir y vigilar el cumplimiento de la sanción. La individualización o dosificación de la sanción es un tema que ha ido evolucionando con el tiempo. Los códigos penales “modernos” consagran una lista de criterios y de mecanismos que permiten al juzgador adecuar la sanción al hecho realizado y a la personalidad del autor del delito. Son criterios de valoración que aluden a los márgenes y a las instituciones que reemplazan a las penas previstas por la ley: condiciones físicas o psíquicas del ofensor o de la víctima, valor o importancia de la cosa, la suspensión de la ejecución de la pena, entre otros. Por ejemplo, si a un ciudadano se le pretende imponer una pena prevista en la ley entre dos años y cinco años, el juez debe recurrir a los criterios legales que determinan la pena entre estos extremos, para lo cual no solo ha de recurrir y explicar los criterios señalados, sino que ha de convencer al condenado, a la víctima y a los ciudadanos, sobre la racionalidad y conveniencia de la sanción impuesta. Para ello, debe acudir a dictámenes periciales y a las asesorías correspondientes, sin perjuicio del estudio y análisis individual. Es decir, que además del conocimiento y convencimiento de la sanción, debe explicar por qué a un ciudadano se le condena en tal o cual cantidad o cualidad de pena, lo que es válido para la sustitución de la sanción, e incluso, aun para prescindir de ella, en el supuesto de que considere que esta no es necesaria para el caso específico que decide.

Existe, sin embargo, un criterio de que la discrecionalidad del juez penal no puede ser objeto de revisión, pues se dice que se trata del convencimiento “personal” y “legal” que tiene el juez de la sentencia y que constituye parte de su arbitrio judicial. Este criterio, creemos nosotros, es demasiado radical. La utilización legal, racional y motivada del margen penal y la utilización de los mecanismos de sustitución de la sanción penal, pueden ser objeto de valoración y revisión por parte de otra instancia judicial, para determinar si se ha hecho uso adecuado de los mismos, pues lo contrario, implicaría dejar en absoluta arbitrariedad la decisión adoptada por el juzgador. Siempre es posible revisar y valorar si se ha recurrido a los criterios legales y al conocimiento que es necesario verter sobre este asunto, sobre todo, si estamos decidiendo la suerte de un ciudadano que va a permanecer algún tiempo en prisión. Es necesario tener presente que aunque la sanción sea la respuesta institucional y natural del delito, el juez penal ha de realizar una valoración escrupulosa de su decisión.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Loteria nacional

18 Jul 2018

Primer premio

5 9 6 0

CABC

Serie: 19 Folio: 9

2o premio

3358

3er premio

4744

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código