MANEJO DEL DINERO ESTATAL

Cuidado con los precios estimados: Leandro Ferreira Béliz

Con frecuencia, los medios informativos nos presentan reportajes sobre irregularidades en los procesos de compra del Estado, y lo que resalta en la mayoría de los casos develados son los sobrecostos, es decir, pagar por los bienes y servicios requeridos sumas mayores de los precios promedios en el mercado.

Al repasar las disposiciones en materia de compras estatales notamos que, a pesar de que la onerosidad está contemplada como causal de rechazo de propuestas en los actos públicos, su detección depende de una correcta determinación del precio estimado que corresponde. Pero precisamente ahí radica gran parte del problema. En muchos casos los precios no se estiman de forma correcta, y ha habido una tendencia al alza al momento de fijarlos, lo que permite que cualquier sobrecosto pase inadvertido al momento de la evaluación de las propuestas recibidas.

Para empeorar las cosas, hasta ahora se ha malinterpretado que el precio estimado debe divulgarse en el sitio Panamá Compra al convocar al proceso de selección del contratista, y si resulta inflado, entonces se producen dos cosas: o las propuestas que se recibirán se aproximarán al precio oficial alto, o se rechazarán las que estén por debajo de este precio por considerarse riesgosas. O sea, los panameños perdemos en ambos casos.

Cuando se trata de contrataciones directas o procedimiento excepcional de contratación, ni hablar. Como su nombre lo indica, no hay un acto público, y la onerosidad puede darse sin encontrar resistencia.

La Ley 22 de 2006 establece en su artículo 56 las causas por las que la entidad licitante puede declarar un acto desierto, y en su numeral 3 señala textualmente: “Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, onerosas o gravosas”. No obstante, ni esta ley ni su reglamentación, efectuada a través del Decreto Ejecutivo 366, desarrollan el tema de cómo determinar el precio estimado, dando oportunidad a que se utilice, por error o manipulación, uno inflado que permita la onerosidad.

Tan seria es la situación, que cuando las entidades establecen un precio estimado alto, este es considerado por los despachos del Ministerio Público encargados de investigar las denuncias de supuestos sobrecostos, como factor determinante para decidir si una propuesta recibida por parte de una empresa proveedora de bienes o servicios es onerosa o no. Estas autoridades usualmente caen en el error de concluir que si los precios ofertados son iguales o inferiores a los precios estimados, simplemente no hay sobreprecio, y no verifican que este costo estimado en realidad corresponda al precio del mercado.

A pesar de que han sido muchas las modificaciones efectuadas a la citada Ley 22 desde que fue promulgada, ninguna ha sido para corregir lo que, a mi juicio, es una debilidad que de nacimiento trae la norma.

Para evitar que el erario continúe siendo afectado, hay que encontrar un mecanismo que no deje a discreción de las instituciones un paso tan determinante en todo proceso de compras, como es la estimación de precios.

En la búsqueda de estas mejoras a la ley de contratación pública, se le debe dar participación a la sociedad civil a través de sus grupos organizados, porque de darse los sobreprecios, estos restan recursos necesarios para atender las necesidades de la población y, por consiguiente, le interesa a la ciudadanía contribuir a erradicar, o por lo menos minimizar esta práctica.

Aunque en esta ocasión he abordado el tema del sobrecosto como consecuencia de precios mal estimados, esto no quiere decir que sea la única debilidad que tiene nuestro sistema estatal de compras. Aspectos como las condiciones especiales que exigen las entidades en sus pliegos de condiciones y los términos de entrega también pueden conducir a una mala escogencia de propuestas. Por ende, en estos puntos igual hay que afinar controles para que los principios de transparencia y economía que deben regir la contratación pública siempre se cumplan. Esta debe ser una tarea pendiente para nuestros próximos gobernantes.

Como panameños, todos deseamos que los gobiernos de turno atiendan las necesidades del país a través de la ejecución de obras de infraestructura o proyectos de diversa índole que generen beneficios, pero también aspiramos a que los recursos de la nación se utilicen de forma óptima, para obtener el máximo provecho por cada dólar que se invierte.

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