REQUISITO

Declaración de bienes patrimoniales: Gil Moreno

Ya empieza el gobierno de Juan Carlos Varela a repetir los mismos vicios de sus antecesores. Traigo esto a colación, porque algunos funcionarios, principalmente el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, han señalado que ellos no tienen por qué hacer pública la declaración de sus bienes patrimoniales.

Esto no es cierto, el artículo 304 de la Constitución establece que el Presidente y el vicepresidente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral, los procuradores, el contralor general de la Nación, el presidente de la Asamblea Nacional, los directores y gerentes de las entidades autónomas, los directores de la Policía, y muchos otros funcionarios de alta jerarquía, están en la obligación de presentar una declaración jurada de su estado patrimonial, a partir de 10 días hábiles, al inicio y al término de sus funciones, ante un notario, mediante una escritura. Palabra que según el diccionario enciclopédico significa “instrumento público”.

Ahora bien, invocar que esta declaración jurada, hecha ante un notario público, debe ser privada o engavetada es caer en un infantilismo absurdo. Toda escritura pública de un alto funcionario de gobierno debe ser del conocimiento de la ciudadanía. El presidente Varela así lo comprendió y prometió cumplir fielmente con la disposición. Y si los altos funcionarios, que ya mencioné, incumplen con ese requisito tan elemental, lo prudente, lo que indican las reglas de la decencia, la honradez y la moral es que renuncien a sus altos cargos y se vayan a las empresas privadas o a sus negocios particulares, donde nadie les pedirá cuentas. Pero el pueblo panameño les exige a los que dirigirán los destinos de la nación y administrarán los fondos públicos, que presenten sus respectivas declaraciones. Así se sabrá con cuánto entran y con cuánto salen.

Durante décadas se luchó, sin éxito, para que los altos funcionarios del Gobierno cumplieran con este requisito al inicio y al término de sus periodos. Pero que yo sepa, muy pocos lo hicieron. Se espera que en esta administración que se inicia, los fondos públicos se manejen con la debida transparencia, no como en el pasado en que el patrimonio de la nación era una especie de botín al servicio de los gobernantes de turno, de sus allegados y sus familiares. Casi todos los que llegaron a las altas posiciones, desde Presidente, ministros de Estado, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, no lo hacían con el ánimo de servir a la nación, con honestidad, lo que perseguían era servirse, en bandeja de plata, los fondos del erario estatal.

Si Varela no le exige a los colaboradores y a los altos funcionarios del Gobierno que cumplan con la disposición, tampoco podrá exigírselo a los del gobierno anterior, principalmente a Ricardo Martinelli, quien dice muy campante que él no se ha “cogido” un real, y que salió de la Presidencia más pobre de lo que entró.

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