CARACTERÍSTICAS

Delitos imprudentes o culposos: Hipólito Gill Suazo

Los delitos imprudentes o culposos han ido ocupando un lugar cada vez más importante en las estadísticas oficiales y en los títulos de los medios de comunicación social. Cuando hablamos de delitos imprudentes o culposos nos referimos a las acciones delictivas que un grupo o individuo realiza sin intención de causar un daño, lesión o peligro; es decir, se trata de conductas en las que está ausente el dolo o la voluntad de cometer un delito; por ejemplo, cuando ocurren accidentes automovilísticos, domésticos, una explosión o un incendio involuntario, etc.

Su aparición no es nueva, aunque hay que destacar que fue a partir del desarrollo industrial y tecnológico de las sociedades modernas –al poner a disposición de los individuos el uso de máquinas y medios peligrosos para la vida, la salud y el patrimonio– que esta clase de delitos aumentó. Las estadísticas registran un importante incremento de lesiones y muertes producidas en el tráfico automovilístico y se observa, también, un incremento de delitos culposos en otras áreas en las que intervienen y se ven afectados un número plural de individuos; es decir, han dejado de ser simples hechos involuntarios para convertirse en acciones delictivas de mayores proporciones. Recordemos los hechos imprudentes que cobraron la vida de un significativo número de personas como el envenenamiento con dietilene glycol, el incendio de un autobús, etc.

Una de las dificultades de estos hechos imprudentes, es la legitimidad que tiene la ley penal para reprimirlos, pues el criterio general o “tradicional” que dominó por mucho tiempo fue considerar que se trataba de acciones accidentales o fortuitas, en las que no había responsabilidad penal de parte del infractor, incluso algunos opinaban que el victimario es también una víctima de estos supuestos “delitos”. En el mejor de los casos, se ha esgrimido la tesis de que estamos ante un tema de naturaleza civil que debe abordarse ante los tribunales respectivos. Y se consideraba el hecho imprudente como un cuasidelito, más próximo a la legislación civil que a la ley penal. Sin embargo, ese es un aspecto de la polémica que ha sido resuelto definitivamente, pues la ley contempla el delito imprudente como una de las manifestaciones de los hechos delictivos.

El problema mayor que presentan los delitos de este tipo es la configuración de la “conducta delictiva imprudente”, porque no hay mucha claridad en cuanto a los elementos que requiere la ley para que se integren estos y, a veces, se ha pretendido confundir con la obligación que tienen determinadas personas de realizar ciertas actividades a las que están obligadas en razón de un contrato, de la ley o de la conducta previa o precedente del agente, como sucede con los salvavidas, los bomberos, las niñeras, etc. Este es un asunto que hay que aclarar, pues no es lo mismo el hecho delictivo –sea imprudente o no– que las formas de su manifestación; esto es, si se trata de acciones o de omisiones, por más que se afirme que el delito imprudente es fundamentalmente de naturaleza omisiva.

El asunto se complica aún más, puesto que no hay que olvidar que las acciones que inicialmente realiza el agente son en principio lícitas, como por ejemplo, conducir un auto o prescribir un medicamento; es decir, se trata de actividades regulares o “normales” que demanda el desempeño o ejercicio de una determinada tarea o función. Pero estos hechos se convierten en el camino en acciones ilícitas o delictivas, porque el agente no observa las reglas de diligencia debida o exigidas por la ley y los reglamentos. La complejidad se acrecienta, porque la ley penal al describir la conducta imprudente recurre a una cláusula general, pues dispone únicamente que para que el delito culposo se configure, el agente no observe las reglas del debido cuidado, pero lo cierto es que estas reglas no están reguladas en la ley penal, ya que el legislador no tiene posibilidad de definir el alcance del debido cuidado. La determinación de lo debido o de lo indebido, queda librado a la regulación específica de la actividad correspondiente, mediante normas o reglas sanitarias, ecológicas, transporte público, urbanismo, recreo, etc., de forma que la ley penal solo puede proporcionar este punto de referencia a partir del cual se construye el hecho delictivo imprudente. Es un asunto en extremo difícil, pues a diferencia de los delitos dolosos, en los que el legislador describe con bastante precisión la conducta desvalorada, en los hechos delictivos culposos la conducta delictiva se integra de forma diferente, mediante normas externas a la ley penal, regulaciones específicas de una determinada actividad, la casuística del hecho, sus condiciones y condicionamientos y sus intervinientes; esto es, la concurrencia de un conjunto de elementos jurídicos y extrajurídicos que, como es obvio, demandan un conocimiento “particular” y especializado de parte de los intérpretes de la ley penal.

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