IMPUESTO DE BIEN INMUEBLE

Derecho versus justicia: Miguel Ángel Bolobosky Ferreira

Derecho versus justicia: Miguel Ángel Bolobosky Ferreira Derecho versus justicia: Miguel Ángel Bolobosky Ferreira
Derecho versus justicia: Miguel Ángel Bolobosky Ferreira

De todos los mandamientos del abogado, probablemente el de mayor complejidad resulta ser el cuarto, que de acuerdo a Eduardo J. Couture, reza así: “Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”.

En virtud de este exordio pretendemos abordar, desde una perspectiva diferente, un tema ampliamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales y que, por su negativa incidencia en el presupuesto y patrimonio familiar, exacerba a gran parte de la población, generando, además, opiniones y comentarios de todo tipo. Nos referimos al impuesto de bien inmueble per se (no a la derogación de la Ley 8 de 2010, que autorizó los reavalúos).

Soy de los que opina que los bienes inmuebles residenciales deben ser exonerados de este retrógrado impuesto. Me fundamento en que hasta la década de los años 70 del siglo pasado, la casa propia era un sueño reservado para unos pocos.

Hoy en día el concepto de la casa propia está enraizado en nuestro propósito de vida y la incidencia de la construcción de casas en el producto interno bruto es alta, lo que genera, además, trabajos muy bien remunerados, ingentes impuestos al tesoro nacional, vastos recursos financieros para las instituciones bancarias, grandes inversiones y, sobre todo, una riqueza social extraordinaria (más bien justicia social), producto de las luchas que nuestros antepasados realizaron.

Recordemos que uno de los movimientos de protesta más conocidos de nuestra historia patria y que se dio en las ciudades de Panamá y Colón, durante la década de 1920, fue el denominado “Movimiento Inquilinario”. Todo comenzó a inicios del mes de octubre de 1925, cuando los integrantes de este grupo hacen un llamado a realizar manifestaciones y a una huelga general de inquilinos, debido al alto costo de los cuartos de arrendamiento para los miles de trabajadores de aquella época. Así, pues, el Movimiento Inquilinario desafió al gobierno de turno, con una concentración que terminó en actos de violencia y muertes.

Hoy día, uno de los argumentos para no implementar la modificación al impuesto de inmueble se sustenta en lo referido a la renta sustitutiva. El artículo 276 de la Constitución Política entrega alternativas: “La Asamblea Nacional no podrá expedir leyes que deroguen o modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el presupuesto, sin que al mismo tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de las mismas”.

Ahora que la Asamblea Nacional se ha manifestado de forma contundente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 de la Constitución, por aquello de la denominada ley de los estacionamientos, y que la Contraloría General de la República ha dado muestras de independencia en su criterio, bueno sería que ambas instituciones entraran a considerar aumentar los impuestos sobre productos como el alcohol y actividades como los juegos de azar que, seguro estoy, se los agradecerá el Ministerio de Salud.

“Mi casa, mi Castillo”. Sir Edward Coke.

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