TENENCIA DE ARMAS

Derecho de defensa personal: John A. Bennett Novey

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La defensa de nuestras libertades a menudo nos lleva por caminos contrarios, tal como he visto recién cuando algunos hemos salido en defensa del derecho de la tenencia y porte de armas de fuego. Y ello no es raro, ya que las armas no son cosas lindas, salvo ante los ojos de quienes, por oficio u ocupación, se acostumbraron a ellas, tal como se acostumbra el cirujano al bisturí o el carbonero a su pala. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es que el tema no gira en torno a objetos inanimados, sino al derecho inalienable e irrenunciable de toda persona a la defensa personal y a los medios adecuados para ello.

Como bien señalara Murray N. Rothbard, “toda persona tiene el derecho absoluto sobre su propiedad (particularmente de su vida e integridad) y, por tanto, tiene el derecho de mantenerla y defenderla. No tener el derecho a la defensa es sinónimo de no tener pleno dominio sobre nuestro cuerpo y vida”.

Y más allá, si tenemos el derecho de defensa, también tenemos el de contratar nuestra defensa; que en el caso de la sociedad moderna ha sido parcialmente delegada a la policía, dado que la delegación absoluta es imposible. Pero igualmente delegamos a entidades de seguridad privada, sin que ello implique la renuncia de nuestra propia defensa; así como la de nuestra familia y más allá. La realidad es que en cierta medida todos somos policías; unos por paga y profesión y otros, simplemente, porque es nuestra realidad. Absurdo sería ver al vecino en peligro y no ir en su auxilio.

Recién escuché el relato de una mujer joven que aborrecía las armas de fuego; hasta que un día el esposo separado de su madre llegó a casa y la agredió. Madre e hijas lograron escaparse y correr por el bosque hasta la casa del abuelo. La joven jamás olvidó esa noche de carrera en pánico por la oscuridad. Y luego, el abuelo sentado en el portal de la casa con su vieja escopeta de cacería y la sensación de seguridad que sintió. Todavía no le gustan las armas, pero tiene una nueva apreciación de ellas.

En Panamá, las armas aparecen en nuestro escudo, y el artículo 310 de la Constitución dice: “Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial”... El artículo 312 establece la reglamentación y uso de las armas que no sean de guerra; con lo cual queda tácita su legalidad. Y más interesante aún es el artículo 21 que señala: “El delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona...”. Estos son elementos fundamentales de nuestra historia y cultura que no deben ser alterados alegremente, porque trastocan elementos esenciales de la vida.

Tampoco debemos olvidar que durante la invasión, cuando no había policía, fueron los propios ciudadanos armados los que impusieron el orden en sus barrios y comunidades. Y en Panamá, un país en el que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hay 700 mil armas de fuego, de las cuales algo más de 100 mil estarán registradas y vigentes, cualquier intento de conculcar la tenencia y porte legal dejaría unas 600 mil armas en manos de la ilegalidad.

Existe un grave problema de violencia que aumenta en cantidad y gravedad; pero pretender que sea resuelto mediante adicionales restricciones o la prohibición de la tenencia y porte por parte de los ciudadanos probos, no solo es irreal sino peligroso. En 2011, se consensuó una ley de armas superior a la de la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos. Dicha ley debió ser reglamentada y ello está pendiente. Hay que respetar el estado de derecho y hacer buen uso de las herramientas legales que tenemos.

En cuanto a la violencia y el tráfico ilícito de armas, esto es tema harto complejo que debe ser atendido; tal como lo relativo al sistema de injusticia vigente y a importantes mejoras a un sistema de policía que, en muchos casos, es más parte del problema que de la solución.

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