ANULACIÓN

Derechos posesorios en Punta Paitilla: Julio E. Linares Franco

La posesión es la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño (Art. 415 del Código Civil). El artículo 3 de la Ley 80 de 2009, reformado por la Ley 59 de 2010, señala que la posesión se reconoce por un período mayor de cinco años y se demuestra mediante el uso habitacional, residencial, turístico, agropecuario o productivo de la tierra. Además la existencia de la posesión, según esta norma, se establece mediante actos demostrativos de dominio, documentos emitidos por autoridades nacionales, autoridades locales de policía, testigos de la comunidad o por sus colindantes, así como todos los medios de prueba permitidos por el Código Judicial.

Pero en el polémico caso de Punta Paitilla se dan algunas peculiaridades. A la persona beneficiada con los derechos posesorios se le expidió un proveído (disposición judicial), de 25 de abril de 2005, dictado por el corregidor de San Francisco, una orden escrita No. 7 de 17 de diciembre de 2005 de la corregidora encargada, un proveído de allanamiento de 11 de agosto de 2005, emitido por el corregidor encargado, y una orden verbal del alcalde del distrito de Panamá, que ordena el desalojo de los puestos de comercio informal y lugar de residencia. Es decir, es desalojado de manera forzosa por intruso. Incluso la Corte Suprema, mediante fallos de 22 de enero y 28 de agosto de 2007, no admite las demandas contenciosas administrativas de derechos humanos contra estas órdenes de hacer.

Hay más, la Dirección de Catastro, mediante Resolución No. 184 de 10 de octubre de 2005, autoriza al Municipio de Panamá para que utilice y ocupe el lote otorgado, exclusivamente, para la construcción de un parque público municipal, para la recreación y esparcimiento de los ciudadanos. Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda identifica el lote en cuestión como parque vecinal, que como tal no puede ser objeto de apropiación privada.

Lo más inverosímil es que el terreno de la discordia es un relleno. Ya la Corte Suprema, mediante fallo de 30 de diciembre de 2004, deja sentado que los rellenos hechos sobre el mar territorial no se pueden traspasar a manos privadas. Y en este momento no existe la excusa de los “derechos adquiridos” o la “seguridad jurídica” (subterfugios usados por la propia Corte para aprobar, posteriormente, el relleno de Punta Pacífica), porque el lote se encuentra baldío o sin trabajarse, por lo menos desde 2005. En síntesis, no ha habido dominio ni ánimo de dueño (al menos en los últimos seis años), no hay construcciones adelantadas que afecten derechos adquiridos o la seguridad jurídica, el terreno constitucionalmente no se puede traspasar por ser de uso público (Art. 258 de la Constitución) y entidades como el Mivi y el municipio lo califican como tal y proceden con el desalojo, respectivamente.

Debe haber elementos de sobra para pedir la anulación y, por ende, revertir esta transacción, así como demandar penalmente a los involucrados. Pero bajo ninguna circunstancia se debe expropiar el terreno, porque equivaldría a indemnizar al aparente ilícito propietario con el valor catastral que suma varios millones.

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