INQUIETUD

Derechos inalienables: Victoriano Rodríguez Santos

El agua de Panamá es, quizás, la más limpia y pura del mundo. Hasta hace poco la podíamos beber de forma directa desde las vertientes, ríos, quebradas o pozos, sin que causara daño alguno al ser humano.

No hay razón económica para que la población panameña sufra por el desabastecimiento de agua potable. Es obvio que esto sería así, si durante las elecciones generales tuviésemos una visión proactiva y eligiéramos a verdaderos estadistas. Igual sucede con el sector agrario y, por qué no decirlo, en materia de salud, educación y de carreteras.

Ahora, sobre el tema vial y el abastecimiento de agua, es necesario llamar la atención del Gobierno para que esté pendiente de las inquietudes de la comunidad respecto a los trabajos que realizan las empresas constructoras que guardan relación con esos componentes.

Los ciudadanos están preocupados por la instalación de las tuberías de agua potable al margen derecho de la carretera entre La Chorrera y Capira, en Panamá Oeste, que le llevará agua a Capira desde la potabilizadora de Las Mendozas.

Al parecer, las tuberías se están enterrando a menos de dos metros del carril de rodamiento. Al margen de la profundidad en que son instaladas, lo cierto es que una vez el Gobierno autorice la ampliación de la vía, estas pudieran quedar bajo la carretera. Ello implica que, de existir daños en las tuberías, habría que romper la calle de concreto, con el consabido gasto económico y la incomodidad de tener que cerrar las vías de alta velocidad, todo por la falta de previsión de quienes administran el gobierno del presidente, Juan Carlos Varela.

La inquietud radica en que no conocemos si hay inspectores o ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ni de la Contraloría General de la República verificando el trabajo que se realiza.

Igual sucede con el material de las propias tuberías, pues al parecer son de metal, pero se desconoce si tienen algún revestimiento interno y, como hay preocupación por el uso del asbesto, el temor es mayor. Es necesario que las instituciones citadas, que tienen responsabilidad en alguno de estos trabajos, hagan la investigación necesaria, presenten los informes correspondientes y hagan los correctivos que se ameriten, de acuerdo con las leyes.

La inquietud de la población es válida. El Gobierno, a través de sus entidades, tiene que verificar, investigar y brindar información a la comunidad, mediante los canales respectivos o llamando a una rueda de prensa, para mayor tranquilidad.

El agua es un derecho humano, también la salud, educación y las vías de comunicación (carreteras).

¡Dios te salve, Panamá!

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