SOBRECARGA AL ESTADO

Descontrol migratorio: Manuel De Gracia

Mucho se ha comentado sobre los extranjeros en Panamá los últimos días. Personalmente, considero que el Crisol de Razas no es el problema ni que gracias a estas ferias se regala la nacionalidad. En total, se han regularizado 48 mil extranjeros mediante ese programa, más 60 mil por la vía “normal” en los últimos cinco años (menos del 3% de la población). Estos inmigrantes en su mayoría contribuyen al país con su trabajo, inversiones, impuestos, conocimientos y algunos con hijos panameños.

Para mí el problema son los no regularizados que entran como turistas, pero que se establecen aquí. Su número real es una incógnita. Una amiga abogada estima que suman medio millón. Por otro lado, si las cifras oficiales del movimiento de turistas y excursionistas son correctas, serían más de dos millones. Entre 2002 y 2012, entraron 11.9 millones de extranjeros (sin contar los que llegan en cruceros) y solo salieron 9.9 millones. Y en 2013 y en lo que va de 2014, la tendencia se mantiene, quedándose 200 mil personas por año o más. Por simplicidad para el análisis, establezcamos que solo hay un millón. Un millón representa el 20% de los 4.9 millones de habitantes en el istmo, divididos en 3.7 millones de panameños, 0.2 extranjeros regularizados y 1.0 millón no regularizados. Este último grupo sobrevive usualmente dentro de la economía sumergida e informal, por ejemplo, mensajeros, chicheros, dependientes, amas de llaves y vendedores. En general, no pagan seguro social, seguro educativo ni impuestos sobre la renta, al margen de los ingresos que perciban.

A pesar de no ser contribuyentes, utilizan los servicios públicos: gas de cocina, electricidad, Metro Bus y Metro, todos subsidiados. Estos representan aproximadamente $250 millones anuales del presupuesto estatal. El 20% de esta cifra es $50 millones. En cuanto a educación y salud, suponiendo que los extranjeros solo consumen el 7.5% del presupuesto de gastos de funcionamiento de los ministerios de Educación y de Salud ($799 millones y $820 millones, respectivamente), hablamos de entre $60 millones y $61 millones, que totalizan $171 millones anuales solo en gastos de funcionamiento de pocos ministerios, sin contar inversión. Con esto podríamos construir, cada año, otro Proyecto Curundú ($94 millones), cinco escuelas Abel Bravo ($13 millones, cada una) y dos Minsa-Capsi ($6 millones), aun con los supuestos sobrecostos. Para aliviar esta carga propongo cuatro puntos:

1. Cobrar una tarifa adicional a aquellos extranjeros no residentes que utilicen los servicios de salud y educación.

2. Disminuir los subsidios y que estos sean exclusivamente para residentes legales, lo que requiere seguimiento y control.

3. Establecer, claramente, que dejan de ser turistas aquellas personas con más de 180 días del año calendario dentro Panamá, como ocurre en otros países, por lo que deben cambiar su estado migratorio o salir.

4. Tomar medidas rápidas para regularizar la situación migratoria de los extranjeros residentes ilegales y que, a su vez, paguen al fisco un porcentaje de sus ingresos producidos localmente.

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