ESCÁNDALOS Y CORRUPCIÓN

Después no nos quejemos: Daniel R. Pichel

Llevamos tres semanas que de lo único que hablamos es de corrupción. Aunque ya se sospechaba, la magnitud del desorden durante los últimos años parece ser algo sin precedentes. Día tras día, los medios nos presentan escándalos de todo tipo que involucran a funcionarios de diverso nivel en la escala evolutiva. Entre magistrados de la Corte, directores de entidades y ministros de Estado, parece que nadie se negó la oportunidad de meter la pata (pero la delantera) en la caja de caudales. Como es evidente, tampoco es que esto nos haya tomado por sorpresa, pero tiene sus aristas.

Casi todo el mundo da como un hecho que la corrupción es un daño colateral que hay que sufrir por tener gobierno. Incluso, hay quienes consideran que lo cuestionable es la magnitud, no el hecho en sí. Me sorprende cuando escucho: “es que estos fueron más ladrones que los anteriores”. Me perdonan, pero en la definición de ladrón, la RAE no hace diferencias basadas en la magnitud. El término ladrón es genérico. Y, hasta donde me da la memoria, creo que todos nuestros gobiernos encajan bastante bien en la primera acepción del término.

Si hacemos un repaso de todas las acciones mediante las que se han denunciado actos de corrupción durante los últimos gobiernos, veremos que la lista es tremendamente larga. Así, recordamos todo lo que se cuestionó sobre la privatización de los servicios públicos, la construcción de los corredores, la adjudicación de los terrenos del antiguo aeropuerto de Paitilla, las concesiones para casinos y máquinas tragamonedas, los dólares congelados, el hundimiento de un helicóptero, la remodelación, compra y regalo posterior de la casa de Punta Mala; el Museo del Tucán y la Fundación Mar del Sur, con las donaciones de Taiwan; la compra de dietilene glycol en lugar de glicerina, con falsificación de fechas y etiquetas; la construcción de la cinta costera; el contrato de las boyas del Canal; el caso Cemis; el inaudito latrocinio del FIS, FES, PAN o como quieran llamarle; los repartos de partidas circuitales; los terrenos de Juan Hombrón; los radares de Finmecánica; la quiebra de Financial Pacific; los sobrecostos de las obras de infraestructura, y un larguísimo etcétera.

Lo malo de todo este asunto es que nuestro cerebro se ha ido moldeando de modo que solo nos interesa denunciar, juzgar, castigar y, de ser posible, encarcelar al funcionario involucrado en estos escándalos. Olvidamos que un acto de corrupción tiene muchas otras aristas que, con frecuencia, consideramos menos importantes, quizás porque conocemos a muchas personas que los cometen de forma constante. A fin de cuentas, el argumento siempre termina siendo algo como: “todo el mundo lo hace y nadie quiere ser el más bobo” (suele reemplazarse bobo con una palabra con a, pero no viene al caso).

Pero el fenómeno de la corrupción siempre tiene dos caras, por más que tratemos de ver solo una. Por cada coima que alguien pide y cobra, hay otro que la ofrece y paga. Es triste cuando se escucha que las empresas –como una forma de funcionamiento natural– ofertan precios bajos para ganarse las licitaciones y, posteriormente, se aprovechan de las adendas, que nadie revisa en detalle, y pueden aumentar el monto de un contrato entre 50% y 60%. Por supuesto que esto se paga con dinero que proviene de nuestros impuestos. Casi que de forma invariable una parte retornará a manos de algún funcionario que se hizo ver como un obstáculo imposible de vencer, a menos que se le “aportara” para agilizar los trámites.

Y esto es solo en lo que se refiere a la esfera pública. A nivel privado también ocurre este tipo de cosas. Todos hemos sido testigos de cómo empresas, aseguradoras, financieras, cooperativas y bancos han quebrado después de haberse aprovechado del sistema financiero, dejando a sus depositantes sin ahorros o sin respaldo, mientras sus accionistas y ejecutivos nunca son castigados ni señalados como responsables. Y si llegan a serlo, salen del país dando tiempo a que el caso prescriba o a que algún maestro de la prestidigitación legal enrede el proceso para lograr su libertad, bien sea por medio de un recurso o de un cuello ortopédico.

Pero en todo lo que vemos, hay preguntas que no terminan de hacerse y que, por alguna razón, los medios no parecen considerar tan importantes. Yo me pregunto: ¿cómo es posible que en un sistema en el que para abrir una cuenta corriente con dinero producto de nuestro trabajo, tengamos que llenar todo tipo de documentos y certificaciones, mientras un funcionario puede depositar 13 millones de dólares sin que suenen las alarmas? No quiero ser malpensado, pero alguien ha tenido que autorizar semejante exabrupto. A esos parece que nadie los identifica ni los hace rendir cuentas.

Hace unos días, un amigo me dijo que toda esta investigación seguirá hasta que, tirando del ovillo, lleguen a alguna de esas personas que no deben ser tocadas. En ese instante se detendrá. Honestamente, espero que mi amigo se equivoque, porque esto nos afecta a todos. Después no nos quejemos. @drpichel

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