PATERNALISMO

Deuda impagable y corrupción: Franklin Ledezma Candanedo

América Latina, en 1960 y 1970, aparecía como una de las regiones más dinámicas del mundo. Las tasas de crecimiento eran superiores a las previstas para los países en desarrollo, y solo superadas por los del Pacífico asiático. En esa época, los Gobiernos de este continente (Panamá no fue la excepción) aprovecharon las facilidades para obtener préstamos, a la par que se profundizó el funesto paternalismo estatal (hasta hoy imparable), a través de incentivos, exoneraciones, subsidios y concesiones a diversos sectores de la sociedad panameña y foráneos, sin verificar el cumplimiento de los objetivos que motivaron su creación.

Las condiciones se modificaron drásticamente en 1982, cuando estalló la crisis de la deuda externa. Más grave que la deuda misma resultaron las políticas para enfrentarla, con lo que el remedio resultó peor que la enfermedad.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial establecieron las medidas de “ajuste y estabilidad económica”, mientras que la Cepal calificó los años 1980 como la “década perdida”. Durante esta la corrupción mostró sus garras y creció, desmesuradamente, la burocracia oficial que hizo gala de ineficiencia e incapacidad. Las políticas de ajuste del FMI eran una especie de avanzada de medidas más profundas y radicales, que no serían visibles sino hasta mediados de la década de 1990, como parte de una estrategia denominada “modernización del Estado”.

El primer gobierno democrático instaurado en Panamá a raíz de la invasión de EU (1989) implementó un plan para transformar la función del Estado y permitir la libre oferta y demanda. Esto se lograría con la aplicación de tres puntos: privatización de empresas y servicios públicos, apertura de mercados y flexibilización laboral. Además se vendieron activos oficiales de escaso valor económico. Muy diferente fue la actividad de la dirigencia gubernamental siguiente, con la consigna de que “una de las limitantes que obstaculiza el mejoramiento y competitividad de la economía lo constituyen la ineficiencia, poca confiabilidad y altos costos de los servicios públicos”.

En esa época pasaron a ser propiedad privada el IRHE e Intel, se otorgaron concesiones (portuarias, ferroviarias, corredores y casinos, entre otras) y se reformó el Código de Trabajo, cuyos nocivos efectos acumulados hoy impactan a la mayoría ciudadana. Es la misma filosofía privatizadora vigente, sobre todo, en materia de salud y aseo, que evidencia deficiencias en la prestación de los servicios correspondientes, mientras que, en último caso, se da la contradicción de tres nomenclaturas diferentes e incrementos presupuestarios, sin que se desarrolle un trabajo de calidad en prevención de afectaciones a la salud de propios y extraños.

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