COLÓN

Diálogo: Carlos Guevara Mann

Hoy debe comenzar un diálogo entre el Gobierno Nacional, por una parte, y sectores sociales y económicos de Colón, por otro, con el objetivo de “llevar a Colón proyectos que permitan a la ciudad y a la provincia salir del estado en que está”, según el ministro Roberto Henríquez (Presidencia de la República, 31 de octubre). Uno de los temas que debe abordarse en este evento es el de la respuesta gubernamental a las demandas populares.

Frente a estas demandas, existe en Panamá un patrón, iniciado hace muchos años, que debe ser modificado. Normalmente se comienza por descartar o ignorar las peticiones y quejas pacíficas que presentan los ciudadanos.

Los peticionarios pierden entonces la paciencia por la falta de respuestas oficiales. Para dar mayor visibilidad a sus solicitudes, toman medidas extremas, que incluyen, en ocasiones, cierres de vías públicas y disturbios callejeros.

El Gobierno, a su vez, responde con medidas de fuerza, cuya aplicación se encomienda a unidades militarizadas de la fuerza pública. Como consecuencia de esta reacción se producen violaciones a los derechos humanos, intranquilidad y desconfianza en la ciudadanía, y un deterioro en la reputación internacional del país.

La reacción oficial también lleva a la radicalización de los sectores agraviados. Como resultado, en la próxima ocasión la protesta es más recalcitrante. Eventualmente, puede producirse un estallido social con consecuencias indeseadas.

Resulta mucho más atinado resolver los problemas apenas surgen, antes de que se desborden. Además de sensato y conveniente, es lo que manda la Constitución, cuyo artículo 41 señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución. El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días”.

Evidentemente, no todas las demandas populares pueden atenderse en consonancia con las aspiraciones de los peticionarios. Pero una reacción pronta y respetuosa por parte de los funcionarios contribuye significativamente a reducir tensiones y evitar que la frustración se apodere del ánimo de los solicitantes.

Un tema conexo que también debe ser abordado en el diálogo, al igual que en otras instancias del Estado –sobre todo en la Asamblea Nacional– es el uso adecuado de la fuerza pública para mantener el orden en situaciones de protesta.

Sobre el particular, hay que partir de ciertas premisas fundamentales. Primeramente, protestar es un derecho que corresponde a los ciudadanos. Así lo reconoce la Constitución vigente, cuyo artículo 38 señala:

“Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local, con anticipación de veinticuatro horas”.

En segundo lugar, si la manifestación causa trastornos, corresponde al Gobierno resolver la situación mediante la aplicación de medidas civilizadas. Estas medidas no incluyen el uso de elementos de guerra o tácticas militares para reprimir a la población.

El control de multitudes es una función civil, encomendada a la Policía, no una función militar dirigida a aniquilar al enemigo (el manifestante) con bombas, balas y pertrechos sofisticados. Los criterios expuestos están contemplados en la segunda parte del mencionado artículo 38, cuyo texto señala:

“La autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos de terceros”.

Tal cual lo señaló, en su comunicado del 24 de octubre sobre los sucesos de Colón, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “de conformidad con estándares universales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional, guiándose en todo momento por los principios de necesidad y de proporcionalidad, debiendo conciliarse con el pleno respeto de los derechos humanos”.

El ministro Henríquez, a cuyo cargo está el diálogo, es un hombre razonable, poseedor de experiencia y cultura política. Esperemos que, para bien de la sociedad –que avanza hacia niveles de irritación y polarización que ya creíamos superados– pueda tomar en cuenta estos señalamientos en su conducción de las conversaciones que inician hoy.

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