AUSENCIA DE ÉTICA

Difícil de entender o bastante fácil, según se mire: Enrique Jaramillo Levi

En una reciente encuesta (Unimer, 13 al 16 de octubre de 2011) se hace público el hecho de que 7 de cada 10 panameños consideran que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) beneficia a los que quieren hacer negocios con tierras del Estado, y no a los campesinos ni a los humildes lugareños.

Asimismo, revela que casi el 90% de los encuestados opina que es necesario que se revisen los títulos de propiedad que ha entregado Anati desde que inició sus funciones. Pero, además, uno se da cuenta de que dicha encuesta se hizo incluso antes de que se divulgasen los detalles y presuntas vinculaciones del proceso mismo de adjudicación gratuita de 54 hectáreas en el área de Juan Hombrón, que a últimas fechas se ha constituido en todo un escándalo que supuestamente será investigado hasta sus últimas consecuencias, lo que a estas alturas, por supuesto, nadie con dos dedos de frente cree en lo absoluto. Entonces, sin duda, el sentido común de la gente decente de nuestra sociedad indica que hay que preocuparse muy seriamente por el aspecto ético de ciertas instituciones públicas de este país, y de quienes las administran.

Por otra parte, la obsesión de la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional por retomar la muy cuestionada Ley de Minería y ponerla al servicio de empresas extranjeras, pese a lo pactado con los indígenas panameños hace relativamente poco y tras situaciones lamentables de indiscriminada violencia, y haciendo oídos sordos a las inquietudes de los grupos ambientalistas y de la sociedad civil en general, empieza a echarle más leña al fuego del disenso popular. ¿Todo esto por dinero?

Otra preocupación, esta vez de parte de las micro y pequeñas empresas nacionales, surge en torno a la obligada adquisición y uso de impresoras fiscales que, pese a sus bajos ingresos anuales y pocos recursos inmediatos, se les ha impuesto de forma inconsulta y rotunda apuntando con ello hacia la eventual quiebra de las más desprotegidas, sin que valgan razones. ¿A santo de qué esta antinacional saña para con quienes denodadamente luchan honestamente por salir adelante?

Otra molestia ciudadana que ha llegado a tornarse angustiosa no pocas veces, es el uso por parte de la Policía Nacional –mal uso, en realidad– del tristemente célebre aparetejo llamado pele police, y del arbitrario, molesto e inconstitucional despliegue de ofensivos “retenes” sin causa justificable alguna, que solo retrasan más la vida de la gente al circular por la ciudad, como si con los tranques no fuera ya suficiente. A Dios gracias, el Juez Séptimo Penal, con cordura y valentía, ha decretado sin tapujos que es ilegal el uso del pele police (habrá que ver si los policías hacen caso). Por supuesto, le faltó a este juez, o a algún otro, decir lo mismo acerca de los malhadados retenes, con su arbitraria requisa de documentos sin orden judicial alguna, y en ocasiones con malos tratos y hasta violencia física ampliamente documentados en los medios.

Habría que añadir el hecho de que no pocos medios de comunicación social y periodistas individuales se han venido quejando de intimidaciones de diverso cuño, y han tenido que unir fuerzas recientemente para empezar a defenderse por ejercer a diario el sagrado derecho de cumplir con una función que les es consustancial: divulgar la esencia de las noticias –buenas y malas–, y comentarlas analizando sus orígenes, desarrollo y posibles consecuencias. A eso, aquí o en cualquier sitio, se le llama periodismo investigativo y periodismo de opinión, consagrados como libertad de investigación, de información y de opinión en la Constitución nacional y las leyes.

¿Qué imagen empieza a dar nuestro país, nacional e internacionalmente, ante estas y otras muchas incongruencias sociales, cuando al mismo tiempo se busca denodadamente incentivar la inversión extranjera, propiciar la afluencia del turismo y la certeza en todos los sectores de que en Panamá se respetan los derechos humanos y se disfruta de equidad y confianza ciudadana? ¿Por qué antagonizar así, de una forma u otra, simultáneamente, a tantos estratos de la sociedad? ¿Qué necesidad hay de que tarde o temprano también en nuestro país se incube y desarrolle un movimiento popular de los “indignados” con consecuencias imprevisibles?

Es como si nuestros gobernantes, cumpliendo con sus promesas de cambio, se estuvieran poniendo zancadillas por todos lados ellos mismos con obsesiva fruición. Difícil de entender o bastante fácil, según se mire.

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