DEBIDA ATENCIÓN

Discapacitados sociales: Jonathan Riggs

En nuestra realidad nacional, lo que podemos observar a diario en cuanto a criminalidad se refiere, es lo que podríamos llamar personas discapacitadas sociales, aquellas que no pueden vivir en armonía con las normas de convivencia ciudadana, fundamentadas en los principios de legalidad y que son establecidas en un estado de derecho para garantizar la fiel observancia de las leyes que son propuestas y ejecutadas como mecanismos de autocontrol para contrarrestar la comisión de hechos criminales. Hacemos referencia a aquellas personas que muestran trastornos disociales (agresividad, falta de respeto a terceros y sus pertenencias, permanente trasgresión a normas, etc.) y se debe tomar en consideración que estas personas requieren de un personal especializado para su educación y socialización, debido al poco o ausente mecanismo de autocontrol que nos debe impeler a ser hombres y mujeres de bien.

Los mecanismos de autocontrol son generados mentalmente en todo individuo, es decir, una persona debe tener la capacidad de manejar sus emociones e impulsos conflictivos de una manera adecuada, lo que debe motivarle a razonar asertivamente, logrando autodominio, responsabilidad y sensatez para evitar la comisión de un hecho punible.

De ocurrir lo contrario, estaríamos ante la presencia de personas carentes de confianza en sí mismas, que no pueden mantener la calma en momentos difíciles, situaciones de presión y generan, con esto, situaciones conflictivas y disociales que requieren el tratamiento de especialistas que les ayuden a no incurrir en hechos criminales.

Nos debe llamar la atención cómo políticos, profesionales y, en general, personas de estatus social alto sucumben ante la criminalidad por la falta de autodominio o autocontrol para evitar caer en las tentaciones a las que son muchas veces expuestos. Digo esto porque se piensa que solo delinquen las personas de escasos recursos o de estatus social bajo y eso no es cierto, lo que sucede es que muchas veces algunos casos de los llamados delitos de cuello blanco pasan desapercibidos o son mal manejados por las autoridades, lo que genera una sensación de impunidad en la sociedad que demanda justicia y seguridad de nuestras autoridades.

Se vulnera muchas veces la presunción de inocencia, los derechos humanos y se estigmatizan las actuaciones y el comportamiento de aquellos que no tienen la oportunidad de defenderse o de ocultar la comisión de hechos delictivos, porque se les considera delincuentes criollos que no albergan siquiera la posibilidad de ser sometidos a un tratamiento criminológico adecuado que les permita reinsertarse en la sociedad. Todo lo contrario sucede con aquellos que tienen los medios para defenderse y ocultar sus actuaciones dudosas, e incluso, criminales, lo que no es más que la discapacidad social que tienen de vivir bajo normas y reglas establecidas para todos, sin distinción de credo, raza, sexo, condición social, etc. Todo esto contemplado en nuestra carta magna, pero que dista mucho de lo que sucede a diario en nuestro acontecer nacional.

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