INVERSIONES PÚBLICAS

Disparidades territoriales y deterioro ambiental: Orlando Acosta Patiño

De fuentes oficiales se desprende que el Gobierno ha asignado importantes recursos del Estado para la construcción y el mejoramiento de las infraestructuras de los servicios públicos y otras inversiones.

El plan de reordenamiento vial contempla la inversión de mil 500 millones de balboas; 700 millones para la fase III de la cinta costera; la construcción de edificios para las agencias del Estado, como el Tribunal Electoral, por 36 millones, en el trienio que concluye en 2013; la ciudad hospitalaria, por 57 millones; y los proyectos de la cadena de frío por otros 9 millones. A lo anterior hay que sumar la billonaria inversión en las obras de expansión del Canal, sin incluir los cerca de 230 millones para el tercer puente sobre el Canal. También, encontramos referencia sobre la rehabilitación y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento por el orden de unos $530 millones. Un total de más de 8 mil millones aproximadamente, casi todos, concentrados en la región metropolitana.

Ante la política de abandono del sector agrario, el sector urbano prima con una dinámica de inversión que se concentra en la región metropolitana y que acentuará más los desequilibrios territoriales y la distribución de la riqueza, dinamizada por la inversión pública. La inversión en el sector rural, a excepción de algunas obras de riego agrícola, es menor comparada a la que se destina al ámbito metro-urbano. Así, mientras el espacio metropolitano se deforma, con una exacerbada inversión, el sector rural se deprime, generando pobreza y marginalidad.

Este desequilibrio viene acompañado de una importante migración de la población hacia las áreas cercanas a las ciudades más grandes, en donde los asentamientos formales, no formales o disfuncionales se toman las tierras, bosques y ríos de los distritos de La Chorrera y Arraiján, en el oeste, y los de Chepo y Pacora, hacia el este.

La población rural es atraída por las luces de las oportunidades urbanas, pero queda encandilada cuando se percata de que ese progreso aparente tienen efectos negativos en el suelo y en el agua, debido a una institucionalidad debilitada y abrumada por la enorme ejecución de las obras de inversión pública. El panorama empeora cuando se pone en evidencia la dificultad de movilidad urbana por la ineficiencia en el sistema de transporte metropolitano y cuya solución tiene poca probabilidad de articularse al desarrollo equitativo que el modelo pregona.

A lo anterior se suma el descontrol de la normativa ambiental en lo que respecta al proceso de evaluación, y la recién modificación del Código de los Recursos Mineros. Lo que ocurre es muestra de la desarticulación de las normas en detrimento del interés social para favorecer intereses políticos visibles; los menos visibles son manipulados por servidores públicos, “honorables diputados” y corruptos directores al servicio de la elite gobernante. La visión de conservación y uso de los recursos de Panamá no están acompañados de una política coherente de desarrollo del Estado, ni con una visión de bienestar futuro.

Debido a estos elementos de desequilibrio de la inversión sectorial y territorial, junto al debilitamiento normativo y el abandono de la planificación como ejercicio del Estado central, no auguro buenos resultados para el colectivo social. La inversión pública destinada a obras urbanas consolidará la deformación del desarrollo territorial, con un impacto ambiental no previsto. Proceso que impactará de manera negativa e irreversible en la calidad y oferta de los recursos naturales, particularmente del agua, siendo éste el eje central de la propuesta económica de nuestra vocación de país de tránsito. El Canal y la población dependen de la buena administración del recurso agua.

La administración de este gobierno no toma en cuenta los conflictos que se generarán por la escasa disponibilidad del agua. Los intereses económicos y políticos no van de la mano con el interés social; no se valora el concepto de aprovechamiento de la posición geográfica ni el uso de los recursos para un modelo sostenible en el tiempo. Esta miopía va acompañada de la falta de una discusión pública y científica, por la percepción errónea de gobernantes y políticos que piensan que hacer obras traerá más progreso; esto una quimera que se diluirá, cuando los conflictos por el uso de los recursos se acentúen. Urge recoger el concepto de planificación, visión a largo plazo, asignación de recursos y conservación del ambiente, para encontrar un equilibrio entre el territorio y el bienestar colectivo de nuestra sociedad.

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