ADMINISTRACIÓN DEL CANAL

Durmiendo con el enemigo: Henry Sánchez

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Durmiendo con el enemigo: Henry Sánchez

En las últimas semanas se han publicado varios artículos sobre la necesidad de que el presidente, Juan Carlos Varela, haga una buena selección para el reemplazo de tres miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal (ACP). Pero, ¿Qué hubo con las investigaciones sobre los vínculos de uno de ellos con el exmagistrado Moncada Luna? ¿En qué ha quedado la investigación sobre los nexos que tiene otro con el caso de Cobranzas del Istmo? ¿Por qué no se investigan los aparentes conflictos de interés de algunos de los miembros de la actual directiva?

¿En qué han quedado las denuncias por conflicto de interés del directivo que tiene una concesión con Panama Ports, y que desde el principio se opuso al desarrollo por la ACP del puerto de Corozal? Ese mismo directivo hizo pública una reunión con “dirigentes” de un grupo sindical brujo que conspiraba contra la administración. Y ¿qué hay de la campaña mediática que han montado contra la ACP por querer autorizar la instalación de otro incinerador? Recordemos que hay un directivo que es dueño de un incinerador que da servicio a buques en aguas del Canal.

Cuando se produjo, en enero de 2014, la primera crisis en la ampliación de la vía por los exagerados reclamos de Grupo Unidos por el Canal, hubo directivos que estaban dispuestos a modificar los reglamentos para que la ACP pudiera conceder adendas al contrato; para ello pretendían usar, como punto de referencia, el proyecto del Metro.

Recordemos que a principios de 2014 viajó a Panamá la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, en un esfuerzo por “llevar el contrato al marco de la ley panameña”, es decir, someterlo al recurso de las adendas. Ese intento, apoyado por jerarcas del pasado gobierno no se materializó gracias al respaldo nacional que recibió el administrador, Jorge Quijano, al subrayar que la ACP se ceñiría estrictamente a los términos del contrato. De todo esto ha dado cuenta oportunamente la prensa local.

Hasta donde recuerdo, nunca antes estuvieron directivos del Canal sometidos a tantos cuestionamientos. De todos ellos, los más visibles fueron el caso del directivo acusado públicamente de conflictos de interés, y el de otro investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por presunto blanqueo de capitales.

En el primer caso, un grupo de abogadas interpuso una denuncia, en noviembre de 2013, ante el fiscalizador general de la ACP para que se investigase a dicho directivo por los delitos de corrupción, tráfico de influencia e infracción de sus deberes como servidor público, pero este se declaró impedido.

En cuanto al directivo investigado por el Ministerio Público, la directora de la Autoridad de Transparencia (Antai), Angélica Maytín, solicitó a la junta directiva que se le separase del cargo, pero el presidente de esta respondió que la directiva no tiene facultad para ello y lanzó la pelota al Ejecutivo.

A su vez, el presidente, Juan Carlos Varela, señaló que ese es un tema del Órgano Judicial, y que el Ejecutivo solo puede actuar si se produce una condena.

Lo cierto es que la Ley Orgánica de la ACP (Art. 4) estipula que “la suspensión o remoción de los miembros de la junta directiva se sujetará a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 19 de 1997” (Ley Orgánica). Este artículo señala que “Los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda”.

Y añade a continuación: “Los directores también podrán ser suspendidos o removidos por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Legislativa”.

Para un directivo sin sólidos principios éticos, semejante blindaje es una invitación a las prácticas que hemos expuesto en este artículo. Es por ello que resulta vital para la viabilidad futura del Canal que en su junta directiva sean designados ciudadanos, no solo conocedores de la industria marítima y logística, sino con incuestionable integridad profesional y privada.

A estas alturas, considero conveniente que se haga una amplia consulta para actualizar la Ley Orgánica del Canal, a fin de afinar la conformación de la directiva, de manera que tenga una estructura balanceada (abogados, economistas, ingenieros, empresarios, especialistas en logística), que las actas de sus reuniones sean de acceso público y que las faltas penales o al Código de Ética sean causales de sanción o remoción de forma expedita por la mayoría simple de la junta directiva. La actual ley es muy ambigua en esta materia.

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