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Encrucijada del Canal: Jorge A. Chang Villarreal

El Canal de Panamá es algo realmente importante para los panameños por todo el significado emocional y económico que representa para nuestro país. Desde ese punto de vista, el plebiscito del año 2006 dio por resultado un respaldo absoluto para el desarrollo de esta magna obra.

La encrucijada que tenemos es realmente peligrosa, porque puede poner en riesgo nuestro mayor activo. En la licitación realizada el día 9 de julio del año 2009 el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ofertó la suma más baja de 3,108 millones de dólares, en tanto Becthel, junto con Mitsubishi Corporation y Tasei Corporation, ofreció la suma de 4,138 millones de dólares y la empresa ACS Servicios, Comunicaciones y Energía SL y Acciona Infraestructura presentaron la cifra de 5,981 millones, quedando como ganadora la licitación de GUPC, conformada por la empresa española Sacyr junto a la italiana Impregilo S.P.A., la empresa Belga Jan de Nul N.V y la panameña Cusa.

En las cláusulas contractuales se estableció un renglón que contemplaba los sobre costos, es por esto, que parte de ese renglón debía haber sido contemplado por las empresas a la hora de presentar su oferta final, por ello la postura presentada por el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, es realmente responsable, al no aceptar bajo ningún motivo la cifra irracional de 1,600 millones de dólares de más por supuestos sobre costos, que según el consorcio de GUPC se debían a fallas geológicas y lluvias. Utilizar estos argumentos en pleno siglo XXI es realmente impresionante, sobre todo por los niveles de tecnología que existen. Tal vez cuando los franceses iniciaron la construcción del Canal se pudiera considerar un argumento como este por la poca tecnología que existía en el momento, cuando poder determinar el número de lluvias y las fallas geológicas era casi imposible.

El contrato establece claramente cuáles son los métodos alternos para la resolución de conflictos, es por esto, que la política no puede entrar en una situación que tiene una estricta naturaleza jurídico-contractual, la que ambas partes aceptaron por medio de su consentimiento. Si en caso tal no se pusieran de acuerdo las partes contratantes, entendiéndose por un lado la Autoridad del Canal de Panamá y por el otro GUPC, el administrador podría ejecutar la fianza de 600 millones que tiene en su poder Zurich Insurance, la cual le daría la posibilidad de asumir la terminación de la obra cobrándole la diferencia a la Autoridad del Canal de Panamá, por algunos sobre costos reales, llamar a otra empresa para que termine la obra e incluso el mismo Canal de Panamá podría asumir parte de su conclusión.

Lo cierto es que, tras 100 años de su construcción, el Canal de Panamá y las personas que lo dirigen siguen siendo un modelo para la sociedad panameña, en este caso la transparencia que lo caracteriza ha impedido que los sobre costos exorbitantes tan naturales en las obras que realiza el Gobierno, dañen esa imagen de pulcritud y de solvencia moral. Es momento de que todos los sectores de la sociedad le brinden su apoyo de forma incondicional, ante la decisión final que tome la Autoridad del Canal de Panamá, porque lo que está en juego es nuestro mayor legado.

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